La falta de control interno es una de las principales causas del fracaso en las instituciones públicas. Esta falta de control propicia el avance voraz de la corrupción y, en consecuencia, el decadente servicio público que repercute en la salud, la educación, la seguridad y, en general, en los derechos básicos de la población.
Según el informe publicado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre los medicamentos vencidos del Hospital de Clínicas, se “revela una gestión deficiente (…) caracterizada por el uso inadecuado de recursos públicos (medicamentos vencidos por valor millonario) y una falla en los controles administrativos (falta de sistemas informáticos y manuales) que pone en riesgo tanto la finanza del Estado como la salud de los pacientes”.
El uso inadecuado de recursos públicos es la definición de lo que se entiende por “corrupción”. Y la corrupción no solo se produce cuando los “servidores” públicos utilizan esos bienes o servicios públicos para provecho propio, sino también cuando por su negligencia impiden su correcto aprovechamiento, más aún cuando son garantes del buen funcionamiento de esos recursos en provecho de la población.
La CGR sostuvo en su informe que si “se configura el hallazgo que ahora está para descargo (sobre los medicamentos vencidos), más alarmante es la pérdida multimillonaria por medicamentos e insumos vencidos y falta de condiciones mínimas de seguridad en los depósitos”.
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Esta pérdida patrimonial por medicamentos e insumos vencidos, oncológicos, respiratorios e insumos descartables vencidos en los depósitos, algunos donados por el hospital y otros donados por el MSP, constituyen un perjuicio económico para el Estado paraguayo, con múltiples impactos también desde el punto de vista social y de gestión en la labor de los agentes estatales.
Para tener un contexto de los problemas que acarrea la falta de control en las instituciones públicas y su impacto en cadena respecto de otras áreas, el informe citado revela que el perjuicio de medicamentos oncológicos vencidos donados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ronda la suma de G. 732.400.000 y los medicamentos oncológicos por compra directa del Hospital de Clínicas vencidos, la suma de G. 140.000.000. En cuanto a los medicamentos para enfermedades respiratorias comprados por el Hospital de Clínicas, el perjuicio por su vencimiento ronda la suma de G. 54.000.000 y aquellos donados por el MSPBS alcanzan un perjuicio de G. 906.000.000.
Con respecto a los insumos hospitalarios ya vencidos, el perjuicio alcanza G. 215.000.000 para aquellos adquiridos por compra directa del Hospital de Clínicas y G. 159.000.000 para aquellos donados por el MSP. Todo esto genera un impacto económico de aproximadamente G. 2.207.000.000.
En cuanto al daño social, según el informe de la CGR, radica en la privación de tratamientos vitales en enfermedades como el cáncer o afecciones respiratorias a pacientes que los necesitaban mientras se echaban a perder en los depósitos. Muchas de estas personas tal vez no tengan el tiempo de esperar medicamentos en buen estado, o quizás tuvieron que gastar hasta la última moneda para adquirir aquellas medicinas de “vida o muerte” altamente costosas, mientras en el Hospital de Clínicas se llenaban de moho, humedad y desidia.
En lo que respecta a la gestión por parte de los funcionarios públicos encargados de la conservación, el suministro y el correcto aprovechamiento, se evidencia, según el informe, una grave falla en la coordinación entre el Hospital de Clínicas y el MSPBS. Esta inaceptable descoordinación solo es atribuible a la falta de control, a la ausencia de protocolos claros y al completo desinterés por la eficiencia, o tal vez, a un negocio mucho más rentable que se perfecciona con la falta de transparencia y la trazabilidad de los medicamentos e insumos.
Con respecto al depósito auxiliar externo, la auditoría constató que no tiene habilitación de Dinavisa, no cuenta con extintores para casos de incendio, contraviniendo las normas básicas de seguridad que le son exigibles a cualquier empresa privada. En cuanto al depósito del subsuelo, la CGR detectó que tiene humedad en paredes y techos con lo que se acelera el deterioro de las cajas de los medicamentos. Además, se constató que se mezclan los medicamentos vencidos con los no vencidos, impidiendo su control y poniendo en peligro la vida y la salud del usuario.
La falta de sistemas de control en la farmacia central es el caldo de cultivo propicio para la corrupción, ya que al no contar con un manual de funciones ni organigrama aprobado es imposible tener claridad sobre la responsabilidad individual de los funcionarios, tampoco se puede precisar la fiabilidad del control de stock o entrega de medicamentos, ya que carecen de un sistema informático y las entregas se registran de forma manual o con sistemas básicos como cuadernos o planillas informales.
El impacto directo de la falta de control repercute en la transparencia estatal, la imposibilidad de una trazabilidad real y la conocida como corrupción “hormiga”, aquella que no deja rastros.
Esta falta de control, que no es exclusiva del sector sanitario, sino que se da en casi todas las instituciones estatales, principalmente en aquellas con un alto presupuesto, castiga con fuerza a los usuarios, en su mayoría, personas de escasos recursos, que acuden sin nada, y salen sin insumos, intoxicados con medicamentos vencidos, con la amputación de la pierna equivocada, o simplemente… no salen.