La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia Electoral realizó la apertura de sobres de oferta para la licitación de alquiler de máquinas de votación y, luego de un prolongado proceso que incluyó un intento fallido del TSJE de comprar máquinas de votación, varias trabas al segundo llamado para el alquiler de los dispositivos, protestas de postulantes y denuncias de supuesto direccionamiento, una sola empresa pudo presentar su oferta para la licitación: el consorcio paraguayo-argentino Comitia-MSA, vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.
Representantes de la oposición advirtieron que el nexo entre la empresa y un actor político prominente como el presidente Peña podría afectar la legitimidad de la votación y poner en duda la credibilidad de los resultados.
Mientras tanto, empresarios del sector tecnológico afirman que el llamado a licitación estaba direccionado a favorecer a Comitia-MSA.
“Conflicto comercial”
El ministro Rossel, sin embargo, negó que haya habido direccionamiento y dijo que las denuncias a tal efecto tienen como contexto un “conflicto comercial” del que el TSJE no puede formar parte.
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Señaló que el consorcio Comitia-MSA ya ganó las licitaciones para el alquiler de máquinas para las elecciones municipales de 2021 y las generales de 2023, en las cuales, según indicó, no se pudo probar ningún tipo de fraude electoral.
Agregó que la Justicia Electoral necesita con urgencia contar con las máquinas para prepararlas e instruir al electorado sobre su uso antes de las elecciones internas partidarias previas a los comicios municipales. Esas internas se llevarán a cabo en junio.
Añadió que las máquinas que serán alquiladas para las elecciones del año que viene serían las mismas utilizadas en los comicios previos, pero afirmó que “van a tener seguramente alguna mejoría”.
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El ministro Rossel comentó que, más allá de la licitación de alquiler de máquinas, durante la conversación con los parlamentarios se habló también de la posibilidad de modificar las normas electorales para introducir recuentos “a mano” con papeletas de votos para cargos uninominales en paralelo al escrutinio de votos con las máquinas en las elecciones generales de 2028.
Sin embargo, enfatizó que introducir esas reformas requiere una nueva ley, por lo que será potestad del Congreso.