El anulado proceso de compra de 28.000 unidades de máquinas de votación, por casi US$ 93 millones, exigía máximos estándares de ciberseguridad y la imposibilidad total de que una papeleta pudiera almacenar información o ser reutilizada (ver el cuadro comparativo).
Sin embargo, dicha licitación fue suspendida en numerosas ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular designado por Santiago Peña es Agustín Encina, y el Senado, con su mayoría cartista, resolvió pedir a la Justicia Electoral anular el proceso.
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La Cámara Alta pidió anular la compra justo después de que la Justicia Electoral descalificara al consorcio argentino Comitia MSA y la firma coreana Miru Systems por no superar los estándares. Ambas tienen vínculos con el Gobierno de turno y son representadas por el estudio jurídico Gross Brown.
La Justicia Electoral acató la orden del Senado y anuló la compra. Posteriormente llamó a la licitación de arriendo o alquiler de 18.000 máquinas de votación por US$ 35 millones en que la única oferente fue Comitia MSA. Ayer, este fondo fue confirmado en el Senado, más G. 10.000 millones para nuevos contratos.
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Según expertos, el proceso de arrendamiento reduce estos estándares, permite componentes electrónicos reprogramables (RFID) y elimina exigencias de auditoría y certificación internacional.
Sostienen que esto representa un riesgo real para la integridad del sistema electoral, para la confianza ciudadana y para la protección del secreto del voto.
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Eduardo Gross Brown Costa, socio principal del estudio Gross Brown, es director suplente y accionista de ueno bank. Pablo Debuchy, del mismo estudio, es asesor del Grupo Vázquez.
Franco Boccia, otro miembro de Gross Brown, preside ueno Seguros SA y es hijastro de la senadora liberal Celeste Amarilla.