Luego de una pausa de casi tres meses, motivada por la detección de un caso de espionaje perpetrado por un organismo de inteligencia del Brasil contra funcionarios del Gobierno nacional, que salpicó a Itaipú, la reactivación de las negociaciones intergubernamentales, así como de los debates sobre el Tratado de Itaipú cobran una singular relevancia.
En la audiencia pública que organiza la Bancada Democrática de la Cámara Alta, estarán como expositores el senador Ignacio Iramain, el especialista independiente Ing. Germán Escauriza Casabianca, el abogado Rubén Penayo, miembro de la directiva de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, y el exparlamentario del Mercosur, Ing. Ricardo Canese.
El Anexo C del Tratado de Itaipú, numeral IX, establece que sus disposiciones serán revisadas luego de 50 años, plazo que caducó el 13 de agosto de 2023, pero con muy pocos o casi nulos avances en lo concerniente la revisión del documento.
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El acuerdo de entendimiento entre los gobiernos de Santiago Peña e Inácio Lula da Silva, sobre la tarifa de Itaipú, que en nuestro país pudo conocerse recién el 9 de mayo de 2024, en su último párrafo, establece que las Altas Partes se comprometen a concluir la revisión... antes del 31 de diciembre de 2024.
Sobre tarifa, promesas, pero de revisión nada
Con este documento, los gobiernos elevaron la tarifa de Itaipú a US$ 19,28/KWmes, muy por encima del nuevo costo de producción de la central luego de que saldara su deuda. Extendieron su plazo de vigencia hasta finales del 2026 y, en teoría, Brasil admitió la posibilidad, “de inmediato”, de que nuestro país venda su energía al Mercado Libre del Brasil.
El plazo del 31 de diciembre de ese ejercicio para revisar la tarifa tampoco se cumplió, y el mandato del Tratado aún espera tiempos mejores. Lo “inmediato” se volvió mediato, porque nuestro país aún no puede exportar su energía al Brasil, ni la de Acaray siquiera.
La sobretarifa de Itaipú, que distribuye la diferencia entre su costo real y su nueva tarifa en partes iguales entre las Altas Partes, en nuestro caso sin control parlamentario inclusive, sí está vigente.
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Un tercer plazo, que se impusieron mediante una nueva declaración, venció el 30 de mayo último, pero también sin resultado alguno. En este caso, aunque parezca extraño, las tratativas fueron interrumpidas debido a las publicaciones de la prensa brasileña de un caso de espionaje que afectó a personeros paraguayos del actual gobierno, supuestamente para escamotear datos sobre la tarifa que pretendía nuestro país en las negociaciones del 2024.
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El affaire recobró fuerzas esta semana y la nueva publicación, con datos de organismos oficiales del Brasil, afirma que las órdenes para espiar no provinieron solo del gobierno de Jair Bolsonaro, predecesor del actual, sino que continuaron con el actual, es decir bajo la administración Lula del Brasil.
El principal negociador paraguayo, el ministro de Industria y consejero de Itaipú, Javier Giménez, en declaraciones a la prensa nacional, reiteraba que el gobierno de Peña mantiene “una postura firme” en cuanto al pedido de explicación a su par brasileño sobre el caso de espionaje. Por lo tanto, mientras no se aclare el entuerto, deberá añadirse otra fecha al calendario con eventuales fechas de renegociación del Tratado de Itaipú.