2 de mayo de 2026

El beneficio que permite a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) ahorrar unos US$ 200 millones anuales expira el 31 de diciembre de este año. El presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, reconoció que el futuro de la tarifa dependerá directamente del costo que se fije en la binacional y de las condiciones de un eventual reemplazo para este instrumento técnico.

Tras revelarse el modus operandi de una empresa vinculada a un excolaborador de Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) para “confiscar” millonarios fondos de la Itaipú, la entidad se limitó a negar nexos con la maniobra. Sin embargo, los antecedentes confirman que la contratista es una vieja conocida del ente, hoy bajo la dirección -coincidentemente- del mismo Zacarías Irún.

Un exfuncionario de la Gobernación de Alto Paraná durante la gestión de Justo Zacarías Irún (2013-2018) figura como responsable de la empresa Bramante SA, firma que exigió el endoso inmediato de un cheque de G. 302 millones en Arazapé, Misiones. El presidente de la Junta de Saneamiento local, Brígido Cristaldo, confesó que apenas retiró los fondos de Itaipú –entidad hoy dirigida por el propio Zacarías Irún– fue abordado por representantes de la firma para despojarle del dinero.

La reducción del excedente de energía en Paraguay abre el debate sobre nuevas alternativas de generación eléctrica y entre ellas se encuentra la producción propia en los edificios, destacó el Ing. Gianmarco Felippo, presidente de Cecoel. Desde el sector electromecánico advierten que el país debe anticiparse al faltante de energía con soluciones que alivien la presión sobre el sistema eléctrico nacional.

El Ministerio Público de Ciudad del Este funciona en una deplorable sede prestada en la capital departamental. El predio pertenece a Itaipú, que desde hace varios años promete la transferencia de la propiedad. Al no ser un local propio, la Fiscalía no puede invertir en él, por lo que el edificio enfrenta varias precariedades. Para el fiscal general del Estado, existe falta de gestión de ambas instituciones.
Se cumplen cincuenta y tres años desde la firma del Tratado de Itaipú, un instrumento mediante el cual Paraguay ha cedido al Brasil el 80% de la energía que le correspondía a cambio de una “compensación” irrisoria, sin recibir ni por asomo el “justo precio” que se había acordado originalmente. Pero si la mayor parte de ese enorme despojo pertenece a la historia, lo que resulta inadmisible es que la misma situación continúe en el presente como si nada, cuando todos los plazos están vencidos y la deuda por la construcción de la central está totalmente cancelada. El máximo responsable de ello no es Brasil, ni lo es Lula, sino Santiago Peña Palacios.