El miércoles 26 pasado los ministros de la Corte Suprema de Justicia aceptaron por unanimidad la renuncia presentada por la jueza penal de la circunscripción de Amambay, Carmen Silva. Lo hicieron pese a que hace menos de tres semanas habían ordenado someterla a un sumario administrativo para averiguar, comprobar y aclarar los graves hechos denunciados públicamente con las difusiones de las conversaciones que la jueza mantenía con el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes desde años antes de ser parlamentario.
La situación se repitió tantas veces anteriormente, que la que ocurrió esta semana dejó de ser novedad, reduciendo su impacto como noticia, causando además un efecto de acostumbramiento y, quizás, resignación social. Todo un gran barrio de San Lorenzo amaneció sin agua, no por deficiencias del servicio, sino porque un delincuente y adicto a las drogas se encargó de hurtar unos 30 medidores entre la noche y madrugada.
La mayor utilidad de la difusión de los chats del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, es documentar públicamente una vez más la grotesca manipulación de la política y la justicia, por quienes ejercen los poderes fácticos y sus cómplices enquistados en la estructura del Estado.