El presidente interino surcoreano, Choi Sang-mok, hizo hoy el anuncio durante una reunión de un comité de alto nivel cuyo objetivo es posicionar a Corea del Sur entre las tres principales potencias mundiales de IA.
"La carrera mundial de la IA ha entrado en una nueva fase", afirmó Choi, haciendo hincapié en que las principales potencias de la IA han anunciado inversiones a escala astronómica en infraestructura de este sector.
En este sentido, el presidente señaló que su Ejecutivo "brindará pleno apoyo para el desarrollo de modelos de IA de clase mundial", según declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
El Gobierno surcoreano también anunció que planea adquirir 10.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU) de alto rendimiento durante este año para el desarrollo de aplicaciones de IA.
La decisión de Corea del Sur se produce después de que el lunes, el regulador de protección de datos del país anunciara la suspensión de descargas de DeepSeek hasta que se realicen "mejoras" de acuerdo con las leyes de protección de información personal de Corea del Sur.
Las autoridades también señalaron este semana que DeepSeek ha enviado datos de usuarios surcoreanos a ByteDance, propietario de la popular red social TikTok, también de origen chino.
La ley surcoreana obliga a los operadores de aplicaciones a contar con el consentimiento explícito de los usuarios para transferir sus datos a terceras partes.
Al margen del veto a las nuevas descargas de la 'app', las autoridades surcoreanas recomendaron a los usurarios que ya tuvieran DeepSeek instalado en sus dispositivos o que lo usaran en línea "ser prudentes sobre sus riesgos de invasión de información personal".
DeepSeek ha revolucionado el panorama global de la IA tras su presentación el mes pasado de su modelo de lenguaje más reciente, que ha impresionando a expertos por su rendimiento más eficiente y económico en comparación con la competencia estadounidense.
Sin embargo, su gestión de datos ha llevado a otros países como Italia o Australia a analizar más a fondo el servicio e imponer restricciones de acceso a instituciones públicas argumentando riesgos para la seguridad nacional.
