Paes es de los casi 100 políticos contra los que fueron abiertas investigaciones por orden de la Corte Suprema de Brasil con base en las acusaciones hechas por 77 ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus futuras condenas.
El alcalde de Río de Janeiro entre 2009 y 2016 calificó hoy en un comunicado como “absurdas y mentirosas” las acusaciones de que recibió “ventajas indebidas” por las obras relacionadas a los Juegos Olímpicos de agosto pasado en esta ciudad brasileña.
Paes “niega vehementemente que haya aceptado sobornos para facilitar o beneficiar los intereses de la empresa Odebrecht, y reitera que jamás aceptó cualquier contrapartida, de cualquier naturaleza, por la realización de obras o proyectos ejecutados en su Gobierno”, según el comunicado divulgado por su asesoría de prensa.
En la nota el alcalde dijo igualmente que jamás tuvo cuenta bancaria en el exterior y que todas las donaciones que recibió para sus campañas electorales fueron declaradas a la Justicia Electoral.
Pese a que Paes ya no cuenta con fuero privilegiado, la Corte Suprema asumió la investigación en su contra debido a que la acusación también salpica al diputado federal Pedro Paulo, uno de sus principales aliados políticos y que fue candidato a sucederle en la Alcaldía en las elecciones del año pasado.
Ambos serán investigados por corrupción pasiva, corrupción activa, lavado de dinero y evasión de divisas con base en las acusaciones de tres de los ejecutivos de Odebrecht.
Uno de los acusadores, Benedicto Barbosa, que era responsable por un sector de la constructora que coordinaba el pago de sobornos, afirmó que en 2012 Paes recibió 16 millones de reales, de los cuales 5 millones de reales (unos 1,6 millones de dólares) fueron a parar a cuentas en el exterior, por beneficiar a Odebrecht en los contratos para las obras de los Juegos Olímpicos.
Los ejecutivos de Odebrecht también acusaron a Paes y a Pedro Paulo de recibir donaciones ilegales para financiar sus campañas electorales en 2010, en 2012 y en 2016.
La alcaldía de Río fue responsable de gran parte de las obras con las que esta ciudad se comprometió para realizar los Juegos Olímpicos de agosto pasado, algunas de las cuales ya son investigadas por diferentes irregularidades.
Entre las obras investigadas destacan las de la nueva línea de metro de la ciudad, en parte ejecutada por Odebrecht.
Según cifras divulgadas por el propio Paes, los Juegos Olímpicos tuvieron un costo total, incluyendo su organización, las instalaciones olímpicas y las obras de infraestructura de legado para la ciudad, de 39.000 millones de reales (unos 12.580,6 millones de dólares), de los que un 43% fue financiado por el sector privado.
Sólo el costo de las instalaciones olímpicas, incluyendo estadios y pabellones, fue de 7.000 millones de reales (unos 2.258 millones de dólares).
La mayor inversión, por 24.000 millones de reales (unos 7.741,9 millones de dólares), fue la destinada a obras de infraestructura del legado olímpico, incluyendo la nueva línea del metro, tres vías autopistas exclusivas para autobuses, la revitalización del puerto y el tranvía eléctrico que recorre el centro, en gran parte contratadas por la Alcaldía.