17 de febrero de 2026
Funcionarios jubilados y activos del sector civil manifestaron esta mañana ante la Comisión Permanente del Congreso sus inquietudes por el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Alertaron sobre los riesgos de utilizar sus recursos superavitarios para cubrir el déficit acumulado del sistema, y exigieron avanzar hacia un modelo donde cada administración sea autosustentable.
El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la reforma de la Caja Fiscal, y remarcó su necesidad para impedir que las futuras generaciones enfrenten mayores impuestos. Reconoció que, con los cambios planteados en el proyecto, la situación ‘será muy difícil para muchos de los trabajadores’.

La cotización del dólar nuevamente ha descendido en el inicio de las operaciones de la semana frente a su posición del cierre de la semana pasada, manteniendo una tendencia a la baja tanto para las operaciones en efectivo y para las interbancarias que cerraron en promedio por debajo de los G. 6.500

La fiscala Yeimy Adle admitió que el Ministerio Público ni siquiera investigó que la empresa portuguesa Mota Engil subcontrató a Ocho A, firma vinculada al senador Luis Pettengill, para ejecutar parte de las obras del fallido metrobús. La contratación estaba prevista en el propio contrato, ya que la firma extranjera no contaba con la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos. La compañía foránea suspendió las obras y desató la crisis del proyecto apenas asumió Arnoldo Wiens, a quien ahora también imputaron.
Campesinos apostados frente Indert denuncian que el presidente del ente, Francisco Ruiz Díaz, “se esconde” y no soluciona los reclamos. Además, cuestionan que las titulaciones que la institución presenta como logros de este Gobierno corresponden a tierras adquiridas en administraciones anteriores, mientras más de 50 familias siguen sin recibir las hectáreas prometidas.

El viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, confirmó que este 2026 entra en vigencia una obligatoriedad para el consumo de biomasa certificada. El proceso establece que todas las industrias deberán certificar inicialmente el 30% de la biomasa que utilizan, un requisito que escalará gradualmente hasta alcanzar el 100% en un periodo de cuatro años.