Cargando...
Si el Congreso aprueba otro subsidio de los combustibles de Petropar, los más beneficiados nuevamente serán los operadores privados de la petrolera pública, pues aumentarán la venta de los carburantes en sus servicentros, a precio subvencionado.
La estatal tiene 234 estaciones de servicios, de las cuáles solo 6 son propias, es decir, 228 servicentros están en manos de privados y muchos de ellos son políticos. Estos “clientes” adeudan millones a la estatal, compromiso que al 30 de abril de 2022 alcanzaba la suma de G. 265.000 millones (US$ 38,1 millones al cambio actual), según datos a los que tuvo acceso ABC.
Esto tras el subsidio que se aplicó en marzo y abril de este año en el emblema, cuando también se bajaron los precios de los carburantes a través de una ley, que finalmente se tuvo que derogar. Para tener una idea, al 31 de diciembre del año pasado, la deuda total de los operadores era de G. 212.000 millones; que al comparar con los primeros cuatro meses de este año, se puede notar un incremento del 26%.
Lea más: Promulgan derogación de ley de subsidio a combustibles de Petropar
Deuda de políticos y su parentela
Según los datos a los que accedió este diario, los servicentros de políticos y su parentela que operan con el sello del emblema público adeudaban más de G. 15.000 millones a Petropar hasta abril de este año (ver la lista en la infografía). Quisimos actualizar la lista de las deudas hasta el cierre de agosto de este año, pero la estatal se negó a proporcionar el listado de los compromisos pendientes de sus clientes.
En este caso, la empresa pública nuevamente se escudó en dictámenes de Petropar y del Ministerio de Justicia para ocultar las deudas de sus operadores, utilizando de excusa la Ley N° 6534, de Protección de Datos Crediticios, creada durante la pandemia.
Lo cierto es que varios políticos y su parentela, que ya se beneficiaron con el subsidio implementado en marzo y abril de este año, nuevamente serán favorecidos si se aprueba la ley que pretende subvencionar los precios de la estatal. Por ejemplo, se puede citar al diputado Pedro Alliana (cartista), la diputada Blanca Marina Vargas de Caballero (cartista), el diputado Erico Galeano (cartista), el diputado Basilio Núñez (Cartista) y el seccionalero Víctor Molas Turó.
Otros políticos o su parentela que tienen estaciones de servicio del emblema son: el diputado Tomás “Ever” Rivas (oficialista), la diputada Jazmín Narváez (oficialista), el Gobernador Paraguarí Juan Carlos Baruja (Cartista), la exgobernadora de Caazapá Celina Roa Vda. De Morel y el ex intendente de Hernandarias Blas Leguizamón.
La mayoría de estos políticos busca el “rekutú” en diputados y en el caso de Alliana, incluso quiere llegar a la vicepresidencia de la República.
Lea más: Baja de combustible: camioneros analizan volver a movilizarse para presionar al Congreso
Simples pagarés como garantía
Según los datos, Petropar tiene 61 operadores de servicentros cuyas garantías para retirar los carburantes de la estatal siguen siendo simples pagarés. El monto total de estos pagarés alcanza la suma de G. 101.935 millones.
De los 189 operadores que operan a crédito, solamente 73 cuentan con garantía hipotecaria (que son las propias estaciones) y el resto opera con pagarés. Tal es el caso de la empresa Fusión Pilar SA, que opera una gasolinera de Petropar, que pertenece al diputado Pedro Alliana, que hasta junio de este año tenía un crédito mensual de hasta G. 1.800 millones en la estatal para retirar combustibles por ese valor. En este caso, un pagaré es la única garantía que otorgó político a la estatal para acceder al beneficio.
Lea más: Negocio millonario y redondo de Alliana en la estatal Petropar
Ganaron millones con subsidio de marzo y abril
Los operadores de servicentros de Petropar ganaron millones tras implementarse el subsidio a los carburantes en marzo y abril de este año por mayores ventas. Según los datos oficiales, del 25 al 31 de marzo, Petropar vendió 7,3 millones de litros de nafta de 93 octanos subvencionada y del 1 al 12 de abril, 13,7 millones de litros. Por este carburante, el Tesoro le pagó a la estatal G. 15.651 millones. En el caso del gasoíl común, la subvención fue de G. 45.071 millones por la venta de 17,7 millones de litros (del 1 al 12 de abril).