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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin entregar las tres nuevas cárceles que se construyeron en Emboscada (Cordillera) y Minga Guazú (Alto Paraná) al Ministerio de Justicia, institución que debe equipar los establecimientos para trasladar allí a las personas privadas de libertad, de manera a descongestionar las superpobladas prisiones del país.
Esto porque todavía faltan “detalles” para concluir los trabajos, según el último reporte oficial de la institución, por lo que los imponentes bloques siguen siendo penitenciarías “fantasmas” y nadie explica cuándo se habilitarán. Todas las construcciones debían estar culminadas hace dos años, pero hasta ahora solo se registran retrasos y sobrecostos.
En este sentido, las obras fueron adjudicadas en junio de 2019 a tres consorcios en tres lotes por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones (US$ 31,6 millones), es decir, G. 37.484 más (US$ 5,1 millones al cambio actual).
Este diario consultó al ingeniero Francisco Mereles, titular de la Dirección de Obras del MOPC, respecto a la situación de la obra, pero evitó responder las consultas. El funcionario nos derivó a la Dirección de Comunicaciones de la institución, donde tampoco recibimos respuestas a los datos solicitados.
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Cárceles del MOPC: Los tres lotes adjudicados
Según los documentos, el lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representada por Osvaldo Aponte) y el monto del contrato original era de G. 62.324 millones, pero esta empresa terminará percibiendo G. 74.426 millones (el encarecimiento es del 20%). Las obras de este tramo se iniciaron el 13 de agosto de 2019 y debían culminar en 16 meses, es decir, en diciembre de 2020.
Asimismo, el lote 2, también un pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera, representado por Emilio Díaz de Vivar, e integrado por Edivi SA y Constructora Heisecke SA. Este lote se adjudicó al grupo mencionado por G. 62.299 millones, pero se le terminará desembolsando G. 74.263 millones (20% más).
La orden de inicio de este lote la dieron en setiembre de 2019 y debía completarse en 23 meses, es decir, en agosto de 2021; pero este cronograma tampoco se cumplió.
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Por último, el lote 3, la cárcel de Minga Guazú, fue adjudicado al Consorcio AGB - Tocsa SA (representada por Sara María Blanco de Dose), por G. 67.799 millones, pero terminarán pagándole G. 81.218 millones (20% más). Los trabajos de este lote empezaron el 16 de agosto del 2019 y debieron terminar en 16 meses (diciembre del 2020).
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Respecto al encarecimiento de las obras el MOPC había informado en su momento que se agregaron más trabajos, como plantas de tratamiento cloacales, tanque superior e inferior, pozo profundo para la provisión de agua corriente, así como modificaciones de todo el proyecto por la ley de accesibilidad, que afectaron a todos los rubros de la obra.
Según los datos oficiales, estos penales de alta seguridad cuentan con 3.960 plazas, es decir cada centro tendría capacidad para albergar a 1.320 personas. En el país hay 16.267 presos.
Gobierno de los sobrecostos
Las cárceles de Emboscada y Minga Guazú están en la lista de las obras del MOPC que registraron enormes sobrecostos durante este Gobierno. En este sentido, el exministro de Obras, Arnoldo Wiens, autorizó encarecimientos que llegaron a G. 2.9 billones (más de US$ 403 millones). De un total de 100 contratos, adjudicados por G. 16, 4 billones (US$ 2.258 millones), todas registraron sobreprecios por “imprevistos”.