La deuda flotante es la suma de compromisos asumidos por las diferentes instituciones públicas, que no fue cancelada al 31 de diciembre último y corresponde a diversos tipos de gastos, como inversiones en obras, bienes de consumos, insumos y otros.
El Ministerio de Economía tiene tiempo hasta el último día del mes de febrero para cancelar estos compromisos, que según los datos oficiales representó más de G. 3,8 billones (US$ 528,3 millones al cambio presupuestado).
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La mayor parte del monto corresponde a la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras y la del Ministerio de Salud Pública con las empresas farmacéuticas, por un total de US$ 600 millones.
Un primer pago se realizó en diciembre por un monto equivalente a US$ 220 millones, recursos obtenidos con la colocación de bonos en el mercado local; a lo que se sumó la emisión de bonos soberanos realizada en febrero último para completar la diferencia de US$ 380 millones.
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La deuda que se financia con recursos del Tesoro o proveniente, principalmente, de los impuestos; así como los recursos que generan las instituciones públicas con el servicio que prestan ya fue abonada en su totalidad en enero, según dijeron desde el MEF.