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La ANDE recurrirá a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para apelar y buscar la nulidad del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de la Tercera Sala, que la condenó por incumplimientos contractuales en el proyecto de construcción de una línea de transmisión eléctrica en el tramo Curuguaty-Capitán Bado.
El máximo tribunal decidirá si confirma o revoca la decisión que favoreció al Consorcio Curuguaty, integrado por las empresas Benito Roggio e Hijos SA, Tecnoedil SA y Talavera y Ortellado Construcciones SA.
El conflicto se originó en el contrato N° 5669/2014, adjudicado al consorcio por G. 51.242 millones, como parte del proyecto “Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV”. La obra, financiada con bonos soberanos del Tesoro, debía completarse en 15 meses, pero se extendió a 28 meses debido a retrasos en la liberación de terrenos y cambios en el trazado.
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Ante los perjuicios sufridos, el Consorcio Curuguaty demandó a la ANDE exigiendo una indemnización de G. 11.091 millones, más intereses del 2% mensual desde diciembre de 2016.
Decisiones judiciales
En primera instancia, en julio de 2024, el juez Ulises Peña Vargas rechazó la demanda, argumentando que los retrasos se debieron a eventos de fuerza mayor y no a una mala gestión de la ANDE. En tanto que el Tribunal de Apelaciones, en noviembre de este año, revocó el fallo cuando dos de los tres magistrados del tribunal determinaron que la ANDE incumplió sus obligaciones contractuales, lo que configuró responsabilidad civil.
Según el voto de los magistrados Guillermo Zillich y Juan Carlos Paredes Bordón, la empresa estatal de electricidad no previó los obstáculos en el trazado original de la línea, afectando la ejecución del contrato. En tanto que el magistrado Esteban Armando Kriskovich votó en contra de la condena, sosteniendo que no se demostró incumplimiento por parte de la ANDE y que los problemas enfrentados estaban dentro de las contingencias de fuerza mayor.
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Argumentos en debate
El fallo de segunda instancia destacó que las facultades especiales de la administración pública no eximen a la ANDE de cumplir con los términos del contrato, mientras que la disidencia demostró que los atrasos eran inevitables y no imputables a la institución.
Finalmente, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala de la Capital, emitió una sentencia que establece la responsabilidad de la empresa estatal en varios puntos críticos y le condena al pago de G. 9.530 millones, más intereses del 2% mensual desde diciembre de 2018 hasta el pago total. El caso ahora está en manos de la Corte Suprema, que evaluará los recursos presentados por ambas partes.