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La Presidencia de la República emitió el Decreto N° 3310, de fecha 4 del presente mes, por el cual se aprueba el plan financiero y se establecen normas y procedimientos para la ejecución del presupuesto aprobado por Ley N° 7408/2024.
El referido decreto señala que el plan financiero “es el instrumento presupuestario que sirve para la programación de los ingresos y gastos del Presupuesto General de la Nación, en el que se incorporan los requerimientos de fondos para el cumplimiento de los fines institucionales de los cuales se desprenden los recursos para la previsión de los bienes, servicios, consultorías y obras públicas a ser incorporados en el Programa Anual de Contrataciones (PAC)”.
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Añade, que esto está “en línea con las previsiones de planificación y programación presupuestaria definidas al momento de la elaboración del Proyecto de Programa Anual de Contrataciones (Pre-PAC), los que deberán ajustarse a las agendas de desarrollo y las políticas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de su rectoría del Sistema Nacional de Suministro Público”.
Con el plan financiero y el decreto que reglamenta el presupuesto, éste último se dio a conocer a fines de enero, se completa la normativa para que las instituciones públicas puedan ejecutar los programas establecidos para el presente ejercicio.
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No se establecen topes de gastos a entidades
El Presupuesto General de la Nación (PGN) asciende a G. 133,2 billones (US$ 17.599 millones), de este monto a la administración central se le asigna G. 69,3 billones (US$ 9.164 millones) y a las entidades descentralizadas G. 63,8 billones (US$ 8.434 millones).
Los gastos aumentan 14,2%, se prevé una recaudación tributaria de G. 39,9 billones (US$ 5.280 millones) y contempla la emisión de bonos del Tesoro por US$ 714,5 millones y un tope de déficit de 1,9% del PIB.
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Según técnicos del MEF, como el año pasado el plan financiero es igual al presupuesto, no se establecen topes a los gastos financiados con recursos del Tesoro (impuestos y otros) ni recursos institucionales (que generan las entidades), pero en lo que respecta a los gastos que se financian con crédito público (bonos, préstamos y otros) se habilitarán conforme a la disponibilidad.
El decreto aprueba igualmente el “Anexo I”, plan financiero institucional de ingresos; el “Anexo II”, plan financiero institucional de gastos, que equivalen al presupuesto vigente.
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Además, el “Anexo III”, distribución de montos globales estimativos para municipalidades en concepto de royalties provenientes de Itaipú y Yacyretá, por un monto de más de G. 1 billones.
También se aprueba el “Anexo IV”, distribución de montos globales estimativos para municipalidades en concepto del 20% de los recursos referidos en la “Nota Reversal N° 4-Ley N° 3923/2009, art. 13 de la Ley N° 7264/2024 provenientes de la Itaipú Binacional”, por un monto de G. 398.065 millones.
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Si es necesario se harán ajustes, dice el MEF
El MEF a través de un informe de prensa señala que la normativa establece que, en caso de ser necesario, ajuste la programación mensual de ingresos y gastos en función de la evolución de la disponibilidad de recursos, garantizando así una ejecución presupuestaria sostenible y alineada a la capacidad fiscal del país.
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“Estos mecanismos refuerzan la capacidad del Estado para responder con agilidad ante imprevistos y optimizar el uso de los recursos públicos”, asegura.
Afirma que, de esta manera, el plan financiero no solo constituye una herramienta técnica para la asignación de cuotas presupuestarias, sino también es un instrumento clave de gobernanza financiera que permite al Estado administrar sus recursos de forma eficiente y transparente, de acuerdo a sus objetivos de desarrollo.