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El jefe financiero de la Yacyretá, Federico “Tito” Vergara dijo que se ha intentado disminuir el número de empleados en la entidad, pero la falta de recursos para indemnizaciones frenó temporalmente el proceso de desvinculación.
“Cuando desvinculamos a un funcionario sin pagarle su indemnización, este puede demandar y se nos ordena reincorporarlo judicialmente”, explicó. En ese contexto, el plan se redirigió hacia la jubilación de trabajadores que cumplen con los requisitos.
El jefe financiero también destacó que históricamente las recategorizaciones dentro de la EBY no siempre fueron responsables. Ahora, la administración revisa minuciosamente cada cambio de categoría para evitar incrementos salariales injustificados, según dijo. Además, se limitó el pago de horas extras, implementando un sistema de compensaciones laborales. Todo esto -de acuerdo a las palabras de Vergara- debido a la crisis financiera que atraviesa la entidad.
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Desvinculaciones
Respecto a las desvinculaciones, Vergara evitó dar cifras exactas, pero estimó que en su momento superaron las 100 personas. En cuanto a los empleados tercerizados, indicó que actualmente se está evaluando la situación para evitar problemas legales, dado que algunos llevan más de 15 años en la institución bajo distintos esquemas de contratación.
Anunció que el objetivo financiero de la actual gestión es reducir entre un 30% y 40% el monto total de erogación en salarios en un plazo de cinco años. Vergara admitió que este proyecto no será fácil. “Muchas veces la gente critica los altos salarios, pero esto no es una decisión administrativa simple. Los contratos colectivos y los derechos adquiridos complican cualquier intento de reducción”, señaló.
A nivel de personal, Vergara estimó que la EBY cuenta con alrededor de 1.800 empleados del lado paraguayo y unos 700 del lado argentino. Justificó esta diferencia argumentando que el 80% del impacto del proyecto se dio en Paraguay, lo que requirió la contratación de más trabajadores para la relocalización de familias y la ejecución de obras complementarias.
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Grandes contradicciones
Sin embargo, los esfuerzos por reducir costos contrastan con las recientes publicaciones que evidencian millonarios salarios en la entidad. Datos oficiales revelaban que telefonistas y guardias de seguridad perciben ingresos de hasta G. 33 millones al mes, cifras que superan ampliamente los salarios de profesionales de la salud en el sector público.
Además, el pedido de informes de la Cámara de Diputados expuso la presencia de numerosos familiares de políticos en la planilla de la EBY. Entre los casos más llamativos está el de Sandra Ofelia Saldívar Vera, consuegra del vicepresidente Pedro Alliana, quien cobra G. 39 millones mensuales como “asesora de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos”. También aparecen otros allegados a figuras del oficialismo con salarios superiores a los G. 30 millones.
Ante estos datos, surge la interrogante sobre la efectividad de las medidas anunciadas por la administración de la EBY. Mientras se plantean ajustes para reducir gastos, la nómina de funcionarios sigue incluyendo casos de privilegios que generan indignación en la ciudadanía.
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Profesionales redirigidos
Como una forma de justificar la permanencia de empleados con estabilidad laboral, Vergara mencionó que algunos técnicos están siendo redirigidos para brindar asistencia gratuita a municipios en la elaboración de proyectos de infraestructura. “Ya que tenemos los recursos humanos contratados, debemos darles un uso productivo”, afirmó.
A pesar de los esfuerzos por presentar un plan de racionalización de gastos, la imagen de la EBY sigue golpeada por las revelaciones sobre altos salarios y contrataciones cuestionadas. Mientras tanto, se observa con escepticismo si las promesas de reducción de costos se traducirán realmente en un alivio financiero para el Estado.
