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Borda señaló a ABC que la proyección oficial para este año es positiva, con un crecimiento económico de 3,8% y una inflación de 3,7%.
“Si bien se mantiene la estabilidad macroeconómica, la fortaleza fiscal y el posible cumplimiento de la convergencia de la regla fiscal de 1,9% del PIB, preocupan la incertidumbre y las distorsiones de las normas por la influencia de la narcopolítica y el crimen organizado”, afirmó.
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El exministro llamó la atención sobre el aumento continuo del coeficiente de la deuda pública, que apenas iniciado el año ya supera el 40% del PIB, y del impacto de la apreciación del dólar sobre la deuda externa dolarizada.
A su criterio, esta situación restará recursos financieros al Tesoro Público para cumplir, fundamentalmente, con los gastos sociales presupuestados, como salud, educación, transferencias de renta, y la ejecución de las obras públicas que son necesarias y son generadoras de empleo.
Deuda pública total 2024
Los datos al mes de diciembre del año pasado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que la deuda pública total, administración central y entidades descentralizadas, ascendió a US$ 18.083,2 millones, que equivale al 40,7% del PIB.
A la administración central le corresponde US$ 16.217,1 millones, que equivale a 36,5% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.866,1 millones, que representa 4,2% del PIB.
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El endeudamiento aumentó US$ 1.517,3 millones, en comparación con el cierre del ejercicio fiscal 2023 cuando el monto llegó a US$ 16.565,9 millones y representaba en aquel entonces 38,5% del PIB.
Según el informe del MEF, el 87% de la deuda pública de la administración central está denominada en dólares estadounidenses, lo que obedece a que desde 2013 se realizan emisiones soberanas en los mercados internacionales en dicha moneda.
Reformas aprobadas no avanzan
Con respecto al avance de las reformas estructurales, Borda respondió que marcha muy lentamente e hizo hincapié en el poco avance en términos de resultados de las leyes en vigencias, como la superintendencia de jubilaciones y pensiones, reforma administrativa del Estado y la más reciente, ley del servicio civil.
Expresó que las modificaciones de las propuestas de las reformas distorsionan los objetivos iniciales, tales como la superintendencia de jubilaciones y la ley del servicio civil.
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Además, sostiene que las reformas de la Caja Fiscal y del IPS necesitan cirugía mayor para evitar problemas sociales y financieros complejos y inminentes para evitar crisis de envergadura.
“El gobierno tiene la responsabilidad ineludible de resolver a tiempo la seguridad social de nuestro país”, afirmó el exministro de Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas).
Narcopolítica y crimen organizado
El economista reiteró que con la operación “A Ultranza” se pudo ver la injerencia del narcotráfico en la política, pero puntualiza que ahora la revelación en curso, a partir del chat del difunto diputado Eulalio ” Lalo” Gómez, es realmente impactante.
“Las noticias diarias muestran la gran influencia del narcotráfico en la política, en la administración de la justicia vía, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), jueces y fiscales y algunos organismos del Ejecutivo como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).
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“Estas intrincadas relaciones muestran la debilidad institucional y la falta de garantía jurídica que aterran a los inversionistas extranjeros serios. Más aun cuando no se avizoran castigos ejemplares a los implicados y cambios rápidos para intentar recuperar en parte la credibilidad perdida. El deterioro creciente del Estado y el debilitamiento de nuestra frágil democracia resulta preocupante”, alertó.
En riesgo el grado de inversión
Borda refirió que, como nos recuerda siempre el MEF, estamos bajo observación de las calificadoras, en referencia a las agencia Moody’s, que el año pasado otorgó al país el primer grado de inversión; a Fitch Rating y a Standard & Poor’s, que sitúan al país a un peldaño del grado de inversión.
“Estas revelaciones seriales ponen en riesgo el grado de inversión otorgado a Paraguay por Moody’s. Mientras que las otras dos agencias, qué desde luego, no han sido persuadidas por los lobbies del gobierno, para otorgar a Paraguay el grado de inversión, fueron prudentes en sus análisis y recomendaciones”, refirió.
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A su criterio “estos hechos de corrupción, tráfico de influencia, abuso del poder e impunidad deterioran la imagen del país. Y el presidente de la República se muestra indiferente ante estos escándalos y no toma ninguna posición firme”, puntualizó. En ese sentido, dijo que Peña debe realizar menos viajes y discursos, y ocuparse en resolver los problemas del país.
