Ejecutivo reglamenta ley de créditos de carbono: estas son las principales disposiciones

El Poder Ejecutivo anunció este martes la reglamentación de la Ley N° 7190/23 “De los Créditos de Carbono” que, según anunciaron las autoridades, permitirá establecer “reglas claras” para la comercialización de estos bonos de emisiones de dióxido de carbono en el mercado. A continuación, se detallan las principales disposiciones de esta normativa, que ha generado diversos cuestionamientos debido a la preocupación de que pueda excluir a los sectores más vulnerables como las comunidades indígenas y campesinas.

El sector forestal en Paraguay está en pleno desarrollo, con  inversiones importantes anunciadas para el 2021.
El crédito de carbono es definido como un instrumento comercializable representado a través de título o certificado para reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto.Archivo, ABC Color

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Representantes del Poder Ejecutivo anunciaron este martes en conferencia de prensa la firma del Decreto N° 3369, que reglamenta la Ley N° 7190/23 “De los Créditos de Carbono. La normativa apunta a establecer “reglas claras” para la comercialización de los bonos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) como medida de mitigación ante los gases contaminantes y fomento a la inversión “verde”, ya sea en el sector forestal, productivo y otros.

En el marco de la legislación, el crédito de carbono es definido como un instrumento “comercializable representado a través de título o certificado, que asigna una equivalencia de reducir, evitar o capturar una tonelada de gases de efecto invernadero de un proyecto determinado”. Estos certificados pueden ser ejecutados por empresas y/o consorcios de empresas nacionales y/o extranjeras, habilitando vías de financiación alternativa para otros proyectos “verdes” en el país.

Sobre la reglamentación, el titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando De Barros, mencionó que permitirá que “nuevas fuentes de financiamiento puedan desembarcar en nuestro país con una hoja de ruta establecida, que favorezcan a la industria sostenible y la generación de empleo”. Resaltó que “las transacciones serán entre privados”, con el Gobierno “garantizando la calidad de los créditos de carbono”.

No obstante, principalmente durante su debate en el Congreso, la legislación fue blanco de numerosos cuestionamientos, atendiendo la preocupación de que pueda excluir a los sectores más vulnerables como las comunidades indígenas y campesinas, beneficiando únicamente a los grandes latifundistas. Se objetó además que no estaba claro el método de cuantificación para los bonos o créditos de las emisiones.

SECTOR FORESTAL
Pretenden fomentar los créditos de carbono como vías de financiación alternativa para otros proyectos “verdes” en el país.

Principales disposiciones

Entre las principales disposiciones, el decreto reglamentario establece la creación de la Dirección de Mercados de Carbono (DMC), que estará encargada de la implementación, supervisión y regulación del sistema de mercados de carbono en Paraguay. El director de esta dependencia será nombrado por el Mades y dependerá jerárquicamente de dicha institución.

Se dispone además la puesta en marcha del Registro de Créditos de Carbono para el monitoreo y control de los proyectos, “asegurando la trazabilidad de las transacciones”. Este instrumento será administrado por la Dirección de Mercados de Carbono y estará sujeto a las resoluciones que dicte el Mades.

El decreto estableció igualmente que toda inscripción, notificación de emisión, transferencia y modificación en el Registro de Créditos de Carbono deberá abonar un canon (tributo), a excepción de los proyectos o bonos que tengan como titulares a comunidades indígenas.

El “canon” se determinará en guaraníes y será el importe equivalente a jornales, que varían según el tipo de proyecto y beneficiario. Por ejemplo, una desarrolladora deberá abonar 300 jornales mínimos, por única vez, al momento de la inscripción en el registro. “Serán 20 jornales mínimos por cada notificación de emisiones de créditos de carbono dentro de un proyecto”, se añade.

Incendios forestales y emisiones de CO₂
Principalmente durante su debate en el Congreso, la legislación sobre los créditos de carbono fue blanco de numerosos cuestionamientos.

Expectativas en el sector privado

En el marco del anuncio, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, señaló que la normativa “materializa” la intención de empresas y otros actores para monetizar proyectos sostenibles de producción, que llevan a la industrialización del país.

“No hablamos solo de producción ganadera, sino de un sistema silvopastoril, reforestación y, al mismo tiempo, producir carne. Esta legislación nos permite ingresar al mercado ‘premium’ de los créditos de carbono y así obtener mayor inversión y empleo. Solo en el sector forestal aspiramos a 150.000 empleos en los próximos años”, indicó.

A esta postura se sumó el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Manuel Jiménez Gaona, quien destacó que actualmente el sector forestal dispone de 250.000 hectáreas, pero tiene potencial de alcanzar las 3.000.000 sin afectar a otros rubros agropecuarios, por medio de iniciativas como los créditos de carbono.

“Son herramientas que van a hacer que esto (el sector) pueda crecer. Dentro de muy poco, el negocio forestal va a tener su protagonismo”, añadió.

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