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Continúan las denuncias sobre hechos llamativos en el caso de las 32 familias que, en 2011, “recibieron” un préstamo de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través de una cooperativa, para acceder a la casa propia.
Las viviendas, construidas en Limpio, estuvieron a cargo de la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava). Sin embargo, dicha entidad fue intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) debido a la malversación de fondos destinados a la construcción, lo que resultó en la liquidación de la “entidad solidaria”, proceso que aún sigue en curso.
Esto provocó que las viviendas nunca se completaran y, ante esta situación, las familias se vieron obligadas a mudarse a casas inconclusas, terminando las obras como pudieron, siguiendo las recomendaciones de los administradores de la cooperativa. Sin embargo, nunca lograron pagar las cuotas pactadas inicialmente, de G. 540.000 mensuales durante 20 años.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició un juicio para que los inmuebles pasen a nombre del MUVH con el fin de resguardar el crédito otorgado a la cooperativa, según confirmó esta semana el ministro Juan Carlos Baruja. Ante esta situación, los afectados temen ser desalojados.
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Procuraduría pidió G. 900 millones a familias para que puedan participar de subasta, denuncian
La representante de los afectados, Griselda Duré, denunció que la PGR solicitó el desembolso de unos G. 900 millones a las familias, solo para que puedan participar en la subasta de las viviendas en las que ya residen, que el Gobierno pretende realizar para recuperar los fondos invertidos por la entonces Senavitat.
Duré responsabilizó de este pedido al abogado Fabián Almada, procurador delegado que lleva el caso en la PGR, quien, según ella, les informó que solo mediante la subasta podrían adquirir las viviendas.
“El asesor de la Procuraduría nos dijo: ‘Vayan a juntar la plata y vengan a entrar en la subasta’. G. 900 millones pidió el señor como seña para entrar en la subasta. ¿De dónde vamos a sacar tanta cantidad de dinero? Estamos en una rosca qué se dedica a esto, juegan con la gente por el sueño de la casa propia”, expresó.
A pesar de que el ministro Baruja había asegurado que se analizaría caso por caso para readjudicar las viviendas a las personas que las habitan, Duré comentó que el citado funcionario de la PGR les insistió en que la subasta se llevará a cabo con un valor inicial de G. 3.600 millones, y que nadie les garantiza que puedan ganarla.
“El encargado de la Procuraduría nos mencionó a todos los que nos acercamos que se va a subasta y que juntemos la plata para entrar a tal subasta, que comenzará con el valor de G. 3.600 millones. Le consultamos a Almada quien nos asegura que vamos a ganar la subasta y ‘nadie’ nos recalcó con mucha soberbia”, expresó.
Están dispuestos a pagar el trato inicial con Covitava
Duré también insistió en que las familias están dispuestas a pagar por las casas, pero según el trato originalmente pactado con Covitava. “Queremos pagar nuestras casas como se había previsto desde el inicio del proyecto, nadie está en contra de pagar”, señaló. Afirmó que incluso firmaron un compromiso de pago en el Incoop con la esperanza de que se resolviera la situación, pero el proceso no prosperó.
El Incoop intervino a Covitava por sospechas de malversación de fondos, lo que resultó en la liquidación de la cooperativa, un proceso que aún sigue en curso. En 2016, los afectados presentaron una denuncia por lesión de confianza ante la Fiscalía de Limpio contra Aldo Pereira, presidente de la cooperativa, y todo el consejo de administración, pero el caso prescribió en 2020. La denuncia fue reasignada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pero la causa ya había prescrito y fue desestimada.
Duré expresó que le sorprendió que la causa haya fenecido, a pesar de que el Incoop detectó un desfalco de G. 2.400 millones de los G. 3.634 millones que otorgó la Senavitat a la cooperativa para la construcción de las viviendas. “Se comprobó que el presidente de la cooperativa robó G. 2.400 millones que eran para nuestras casas. Hicimos la denuncia, pero la causa fue archivada hasta que prescribió en 2020″, agregó.
Este diario intentó contactar con el procurador general, Marco Aurelio González, y con Fabián Almada, pero no recibimos respuesta al cierre de esta edición.
