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La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció respecto a las denuncias de las 32 familias que, en 2011, debían ser beneficiadas con un préstamo de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava), para que puedan acceder a viviendas.
Sin embargo, las casas no fueron terminadas, a pesar de que la Senavitat desembolsó la totalidad de los G. 3.634 millones que debían destinarse a la construcción, en la fracción San Antonio de la ciudad de Limpio. Como resultado, los “beneficiados” se mudaron a viviendas incompletas, y Covitava fue intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), lo que llevó a la liquidación de la entidad solidaria, debido a malversación de fondos.
La representante de los afectados, Griselda Duré, denunció que la PGR solicitó el desembolso de unos G. 900 millones a las familias, solo para que pudieran participar en la subasta de las viviendas en las que ya residían, con el fin de recuperar los fondos invertidos por la entonces Senavitat.
Duré responsabilizó de este pedido al abogado Fabián Almada, procurador delegado que lleva el caso en la PGR, quien, según ella, les informó que solo mediante la subasta podrían adquirir las viviendas.
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La versión de la Procuraduría
Almada llegó ayer hasta la redacción de ABC Color para dar su versión (antes no tuvimos respuestas del funcionario), y destacó que la PGR niega categóricamente la acusación de haber solicitado la suma de G. 900 millones a las familias para permitirles participar en la subasta del inmueble, propiedad de la ex cooperativa Covitava, que se encuentra en liquidación, en el marco del juicio de ejecución hipotecaria iniciado a solicitud del MUVH (antes Senavitat).
Lo que al parecer sucedió, según mencionó, es que las familias malinterpretaron sus explicaciones respecto al funcionamiento de la subasta que podría darse, en el cual los interesados en participar deben preparar un monto mínimo del valor total del inmueble para poder participar. Este valor mínimo rondaría los G. 900 millones.
El funcionario señaló que la Procuraduría solo busca recuperar los fondos invertidos mediante la ejecución de la hipoteca en el juicio que pesa sobre el inmueble identificado como finca número 923 del Distrito de Limpio, Departamento Central. Explicó que con este fin, la PGR presentó una demanda contra Covitava, que está en el Juzgado Civil y Comercial 8º Turno.
“Esta propiedad fue ofrecida como garantía hipotecaria por la suma de G. 3.634.648.674 en el año 2015, en el marco del proceso judicial iniciado a solicitud del MUVH. En caso de que la cooperativa demandada no honre el compromiso asumido, una de las consecuencias naturales sería el remate judicial del inmueble”, explicó.
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Destacó que, en caso de llegar a esa instancia, el Poder Judicial será el único organismo con la facultad de adjudicar el inmueble en un remate público.
“Es importante resaltar que la Procuraduría General de la República, por mandato constitucional, tiene la responsabilidad de salvaguardar los bienes y recursos del Estado, y en esta tarea actúa conforme al mandato constitucional de proteger los intereses del Estado y garantizar que los recursos públicos sean invertidos adecuadamente”, subrayó.
Ministro del MUVH habló de la intención de que los inmuebles pasen a nombre de la institución
Por su parte, el ministro del MUVH, Juan Carlos Baruja, informó esta semana a ABC que, en el juicio que está llevando la Procuraduría, se busca que los inmuebles pasen a nombre del MUVH para resguardar el crédito que la institución desembolsó a la cooperativa en cuestión.
Baruja señaló que una vez que los inmuebles pasen a nombre del MUVH, se analizará caso por caso para readjudicar las viviendas a las personas que las habitan, siempre y cuando cumplan con la normativa institucional.
En este sentido, Almada explicó que esto solo se daría si no hay oferentes interesados en caso de que se lleve a cabo el remate judicial del inmueble.
Lo concreto es que las familias afectadas temen ser desalojadas de las casas que ya ocupan desde 2017 y manifestaron que están dispuestas a pagar por las viviendas, pero según el trato originalmente pactado con Covitava (cuota mensual de G. 540.000 a un plazo de 20 años). Afirmó que incluso firmaron un compromiso de pago en el Incoop con la esperanza de que se resolviera la situación, pero el proceso no prosperó.
El Incoop intervino a Covitava por sospechas de malversación de fondos, lo que resultó en la liquidación de la cooperativa, un proceso que aún sigue en curso. En 2016, los afectados presentaron una denuncia por lesión de confianza ante la Fiscalía de Limpio contra Aldo Pereira, presidente de la cooperativa, y todo el consejo de administración, pero el caso prescribió en 2020. La denuncia fue reasignada a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pero la causa ya había prescrito y fue desestimada.
Duré expresó que le sorprendió que la causa haya fenecido, a pesar de que el Incoop detectó un desfalco de G. 2.400 millones de los G. 3.634 millones que otorgó la Senavitat a la cooperativa para la construcción de las viviendas. “Se comprobó que el presidente de la cooperativa robó G. 2.400 millones que eran para nuestras casas. Hicimos la denuncia, pero la causa fue archivada hasta que prescribió en 2020″, agregó.
