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Un informe que dio a conocer el último viernes el Ministerio de Economía señala que el censo digital para actualizar datos de los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal se inició el 3 de febrero y se extenderá hasta el próximo 3 de mayo.
“Es obligatorio para todos los beneficiarios de la Caja Fiscal, quienes deben actualizar sus datos a través de la plataforma digital del MEF”, indica la nota.
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Aquellos que no completen el censo antes de la fecha límite serán excluidos de la planilla de pagos e inclusive les bloquearán sus tarjetas de débito, advierte la información del MEF.
Más del 50% ya fueron censados
La cartera resalta que hasta el pasado miércoles 19 del presente mes, ya actualizaron sus datos un total de 39.812 beneficiarios de la Caja Fiscal, lo que representa el 50,19% del total de 79.328 jubilados y pensionados registrados.
“El MEF garantiza la seguridad y protección de los datos registrados por los beneficiarios”, asegura la cartera de Economía.
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La nota explica que la carga de información se realiza exclusivamente a través de la web oficial del MEF, en un proceso 100% digital, gratuito y sencillo. “No se solicita información sensible como los datos de las tarjetas de débito ni los códigos PIN”, deja en claro.
Señala que este proceso, totalmente digital, tiene como objetivo actualizar la información clave de los beneficiarios de la Caja Fiscal, incluyendo datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, entre otros datos que no incluye información relacionada con operaciones bancarias con el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Pago a jubilados y pensionados
Los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal cobrarán sus haberes correspondientes al mes de marzo hoy, lunes 24, a través de la red del BNF.
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El ente está conformado por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.
La Caja Fiscal al cierre del primer bimestre del año ya acumula un déficit global del 43%, que equivale a G. 405.867 millones (US$ 51,5 millones), una diferencia negativa que, en su mayor parte, se financia con los recursos provenientes de la recaudación tributaria.
