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La cartera de Economía, a través de la Coordinación de Obligaciones Diversas del Estado (CODE), convoca a todos los interesados en obtener prioridad en el cobro de obligaciones ordenadas por sentencias y resoluciones judiciales, que condenan el pago de sumas de dinero al Estado, a manifestar su intención de celebrar acuerdos que generen ahorros al Estado y pongan fin al conflicto, de manera a obtener prioridad en el cobro de sus acreencias contra el Estado.
El informe del MEF señala que la convocatoria es para todos los beneficiarios que cuenten con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas que condenan al Estado al pago de sumas líquidas de dinero, notificadas al MEF hasta el 31 de diciembre de 2024, en juicios en los que la Procuraduría General de la República haya intervenido con carácter de representación necesaria.
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Las propuestas podrán presentarse al MEF entre el 14 de abril y el 16 de mayo. El análisis se llevará a cabo entre el 19 de mayo y el 16 de junio de 2025, en tanto que la publicación de los resultados preliminares se hará entre el 17 y el 23 de junio.
En el lapso comprendido entre el 24 de junio y el 30 de junio podrán presentar reclamos, y el análisis de los reclamos tendrá lugar entre el 1 de julio y el 14 de julio. El resultado final, que será aprobado con resolución institucional, lo darán a conocer a partir del 15 de julio de 2025, explica el informe.
Monto máximo a pagar
Los montos que serán percibidos por cada acreedor no excederán la suma de G. 4.000 millones durante el presente ejercicio fiscal, independientemente de que las acreencias provengan de obligaciones que emanaron de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, dictadas en juicios diferentes.
“Los casos que excedan el tope establecido, se abonarán con cargo a ejercicios fiscales siguientes, con base en la disponibilidad presupuestaria”, aclara la cartera de Economía.
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Además, el informe menciona que los acuerdos administrativos suscriptos en ejercicios fiscales anteriores, que cuenten con saldos pendientes de pago por obligaciones que emanaron de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, podrán abonarse manteniendo, conforme a la disponibilidad presupuestaria, los mismos montos de pagos parciales ya realizados en ejercicios anteriores.
“Estos pagos se encuentran supeditados a la homologación judicial de los acuerdos transaccionales, por resolución firme del juzgado competente y deberán contar con dictamen favorable previo de la Procuraduría General de la República (PGR) en los casos en que ésta haya intervenido con carácter de representación necesaria, incluso cuando éstos hayan sido expedidos con anterioridad al presente ejercicio fiscal”, añade.
El año pasado logró una quita
El año pasado se había realizado este mismo procedimiento, algo parecido a lo que para la gente es pagar su deuda para salir o limpiar su “Informconf”, como se sigue nombrando a la entidad privada que tiene a su cargo recolectar información financiera y elaborar una lista de personas en mora en el pago de sus créditos.
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La cartera de Economía en 2024 logró un ahorro de G. 2.716 millones de un paquete total que le presentaron para obrarle de G. 15.725 millones, O sea, terminó, pagando G. 13.009 millones, que equivale al 82,7% del total, a los acreedores con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas hasta el 31 de diciembre de 2023.