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Tras el lanzamiento gubernamental del plan para la construcción de una autopista elevada, de 4 km, en Luque, parte del plan de mejoramiento de las rutas Luque-Areguá y Luque-San Bernardino, como accesos a la ruta PY02, uno de los cuestionamientos que surgió se relaciona con un conflicto de intereses del senador colorado Luis Pettengill, dueño de una de las empresas concesionarias de la PY02, a la cual pretenden beneficiar con estas obras, las que requerirá una inversión de US$ 180 millones, según las estimaciones.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó el lunes último una adenda con ese consorcio para ejecutar el proyecto en cuestión dentro del contrato de concesión del consorcio Rutas del Este (integrado por Sacyr y Ocho A), representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill, dueño de Ocho A.
Este grupo tiene a su cargo la explotación de la ruta PY02 (desde Ypacaraí hasta Caaguazú) durante 30 años, a través de la Ley de Alianza Público-Privada (APP). Las obras mencionadas se llevarán a cabo dentro de este contrato y cederán la administración del peaje de la ruta Luque-San Bernardino al grupo de referencia, además de garantizarles el pago estatal de los montos invertidos y los costos de mantenimiento durante el tiempo restante de la concesión.
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Lo que dijo Centurión sobre el conflicto de intereses
La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se refirió esta mañana al conflicto de intereses y afirmó con cierto énfasis que cuando se firmó el contrato Pettengill no era senador y que actualmente está “fuera” de sus empresas. “Entiendo que él está fuera de sus empresas, eso es una anécdota hoy en día. Él no tiene vinculación directa en Rutas del Este”, afirmó.
Sobre el aumento que tendrá el contrato de Rutas del Este con la adenda firmada, que incluye estas obras valoradas en US$ 180 millones, destacó que la Ley N.º 5102 de Alianza Público-Privada (APP) de 2013, con la cual adjudicaron la duplicación de la ruta PY02, permite un aumento del 30% del monto contractual, por lo que se estaría en ese límite. La ley fue derogada durante el actual Gobierno por la Ley N.º 7452/2025, la que también fue utilizada para concretar esta adenda.
Sin embargo, debe señalarse que el contrato con Rutas del Este ya tuvo varias adendas, con las cuales hubo aumentos. Por ejemplo, en tres adendas firmadas en 2020, 2022 y 2023, el MOPC autorizó pagos “extras” por US$ 50 millones al consorcio, por obras no previstas que debían ejecutarse en el marco de la duplicación de la ruta PY02; además de desembolsos por “compensación” o gastos “disruptivos” del contrato. Hasta la fecha, el impacto de estas adendas en el porcentaje permitido no se dieron a conocer.
No obstante, Centurión enfatizó que con la ley aprobada en 2013 se puede permitir un aumento del 30%, pero no aclaró el impacto que tuvieron las adendas rubricadas anteriormente en ese porcentaje.
Nueva ley se usó para interpretaciones, según procurador
En ese sentido, el procurador General de la República, Marco Aurelio González, explicó ayer a este diario que las obras previstas en la última adenda se ejecutarán tanto bajo la Ley N.º 5102/13 como bajo la Ley N.º 7452/2025, pero principalmente a través de la original, con la cual se adjudicó el contrato de duplicación de la ruta PY02.
Aclaró que solo algunas interpretaciones no previstas en la vieja ley se tomaron de la nueva normativa. González explicó que, para que puedan ejecutar las obras, tuvieron en cuenta el porcentaje máximo de aumento permitido por ambas leyes respecto al presupuesto final de inversión. Añadió que pueden establecer límites específicos para modificaciones unilaterales de hasta el 15% y, de común acuerdo, hasta el 30% del presupuesto final de la inversión inicial, según lo dispuesto en la normativa y en el propio contrato.
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Resaltó que, conforme a la Ley 7452/2025 (art. 30 y art. 31, aplicables supletoriamente a este contrato), estos límites de aumentos son independientes, lo que permite que se acumulen. Sin embargo, estos porcentajes acumulados, que suman un total de 45%, no pueden superar, bajo ningún concepto, el 4% y 0,8% del PIB, respectivamente.
El procurador aclaró que la APP de la ruta PY02 ya tuvo seis adendas, y que parte del 15% de la modificación de común acuerdo ya utilizaron en modificaciones anteriores. Por lo tanto, la inversión en las obras mencionadas representaría un aumento de hasta 36% respecto al monto inicial del contrato.