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Correio Brasiliense subía a su portal el lunes 14 de este mes una nota que titularon: “PF cita declarará el actual director de Abin por denuncias de espionaje”.
En el primer párrafo del material añade que Luiz Fernando Correa declarará sobre las acusaciones de espionaje contra nuestro país, así como por “obstrucción” de la investigación en caso conocido en Brasil como “Abin paralela”.
Si el informe que espera el gobierno de Santiago Peña depende de la conclusión que la PF elabore luego de escuchar las declaraciones de Correa, se infiere que seguirá aguardando porque los redactores de Itamarati, querrán saber antes que dijo Correa a la PF.
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También el derroche de otra valiosa semana en las negociaciones de “revisión del Anexo C”, porque la administración Peña, en una incomprensible represalia, optó por suspenderlas, pese a que ya acumulan casi dos años de atraso.
UOL, la denuncia y Talento
El medio de referencia agrega que Correa fue designado para dirigir la Abin en mayo de 2023. A finales de marzo último, un columnista de UOL del Brasil, que firmó como Talento Aguirre, revelaba que “Bajo el gobierno de Lula, Abin realizó acciones de piratería informática contra el gobierno paraguayo”.
El gobierno de Inácio Lula da Silva, comunicado mediante, rechazó ese sesgo del material periodístico y descargó todo su peso sobre las espaldas de su predecesor, Jair Bolsonaro.
El gobierno de Peña, además de la represalia en modo boomerang -suspender las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú-, convocó al embajador brasileño a la Cancillería para pedirle un informe completo de su gobierno sobre el caso.
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Llamó también a su embajador en Brasilia, y ordenó a sus dependencias especializadas que investiguen el caso exhaustivamente.
Revisión, luego de medio siglo, los plazos siguen cayendo
Recordemos que el segundo plazo que se habían impuesto los dos gobiernos para terminar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú vence el 30 de mayo próximo. El primero caducó en diciembre de 2024.
Correo Brasiliense, en su informativo de la última semana, añade que el propósito de la PF es averiguar si la Abin obstruyó las investigaciones sobre el uso de equipos públicos durante el gobierno de Jair Bolsonaro par vigilar a periodistas, autoridades y opositores políticos.
Añade que los investigadores - de la PF - también busca averiguar si el director general (Luiz Fernando Correa) autorizó o estaba al tanto del espionaje contra autoridades paraguayas “en el marco de las negociaciones de la central Itaipú”.
En rigor, la central está construida y en operación, luego no necesita de ningún tipo de negociación, si lo exige el Anexo C que, según su numeral VI, debió revisarse 50 años después de la entrada en vigencia del Tratado. En otras palabras, el 13 de agosto de 2023.
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Un desplazamiento perjudicial
En el ámbito estrictamente político, en ambos países, el caso se constituyó en otro motivo de confrontaciones entre cartistas y abdistas y entre lulistas y bolsonaristas, deriva que desplazó hacía un plano menos relevante los cincuentenarios reclamos paraguayos de justicia en la distribución de los beneficios de la gran central.