A fin de este mes, con la emisión del decreto de lineamientos generales, se inicia el proceso de elaboración de los anteproyectos institucionales que servirán de base para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, que será presentado al Congreso para su estudio y aprobación.
Las entidades públicas deberán preparar sus respectivos anteproyectos teniendo en cuenta las reglas que serán establecidas, pero les está permitido prever aumentos salariales ni creaciones de cargos.
Sí, podrán presentar al Ministerio de Economía, en paralelo a los anteproyectos, pedidos de mayores recursos y de gastos, para su consideración y eventual inclusión en el proyecto de PGN 2026.
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Los anteproyectos deberán ser presentados al MEF, a más tardar, el 30 de junio. La cartera, desde el 1 de julio al 30 de agosto, tendrá a su cargo el proceso de consolidación y formulación del proyecto de presupuesto para el año venidero.
El Ejecutivo tiene plazo hasta el 1 de setiembre para presentar el proyecto de PGN a la consideración del Congreso para su estudio y aprobación.
Tope de déficit fiscal para 2026
El proyecto de decreto de lineamientos, según indicaron técnicos del MEF, tiene como base las disposiciones que rigieron para la elaboración del presupuesto 2025 vigente, con la diferencia que el tope de déficit fiscal el próximo año deberá alinearse al 1,5% del PIB, que establece la Ley N.º 5098/2013 de responsabilidad fiscal.
La administración central arrastra déficits desde el 2012, año en que otorgaron aumentos salariales de hasta el 30% y desde 2019 el saldo rojo se mantiene por encima del referido tope de la ley de responsabilidad fiscal.
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El año pasado cerró con un déficit de 2,6% del PIB, el presente ejercicio está presupuestado 1,9% y para el año próximo deberá ajustarse al 1,5% del PIB, como parte del cronograma de convergencia del gobierno de Santiago Peña.
Como referencia de lo que representa el presupuesto público, el aprobado para el presente ejercicio asciende a G. 133,2 billones (US$ 17.599 millones al cambio presupuestado), que equivale al 37% del producto interno bruto (PIB) estimado, asigna fondos a 106 instituciones y contempla 334.541 cargos de funcionarios permanentes, a los que se suman cerca de 50.000 contratados.