El diseño de los contratos tiene implicancias económicas profundas por al menos tres razones. En primer lugar, a nivel individual, el acceso o no a una pensión puede marcar diferencias sustanciales en el bienestar de las personas mayores. En segundo lugar, desde una perspectiva social, los sistemas de pensiones redistribuyen recursos entre individuos de una misma generación y entre distintas generaciones, afectando la equidad intertemporal. Finalmente, en términos macroeconómicos, el gasto en pensiones representa una parte significativa del presupuesto público, lo que lo convierte en un factor determinante para la estabilidad fiscal.
Panorama y desafíos
En América Latina y el Caribe los sistemas de seguridad social comenzaron a desarrollarse a partir de las décadas de 1940 y 1950, aunque en muchos países del Caribe este proceso fue posterior a su independencia. A pesar de los avances, el diseño original de estos sistemas nunca se adecuó completamente a las condiciones del mercado laboral de la región.
Datos de la caracterización del mercado laboral del BID y que incluye a Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, México, Perú, Paraguay, El Salvador y Uruguay, reveló que solo el 45% de los más de 300 millones de trabajadores latinoamericanos y caribeños están vinculados a algún sistema de seguridad social, explicada, principalmente, por la alta informalidad laboral. De hecho, el 34% trabaja como asalariado en empresas privadas formales y un 9% en el sector público, lo que significa que menos de la mitad de los trabajadores se encuentra en situaciones que permitirían una afiliación automática y estable al sistema.
El resto del panorama es más precario: el 5% de quienes trabajan en negocios familiares no recibe remuneración directa y el 96% de ellos no realiza aportes a la seguridad social. Además, el 4% de los trabajadores se dedica al empleo doméstico, y aunque en casi todos los países estos trabajadores tienen derecho legal a la seguridad social, en la práctica el acceso es muy limitado.
Otro 15% de los trabajadores son asalariados en empresas privadas informales, donde la cobertura es prácticamente nula: solo el 1% está afiliado a un sistema de seguridad social. A esto se suma un 26% que trabaja de forma independiente, sin un empleador directo, enfrentando barreras estructurales para acceder al sistema.
En países como Honduras, México o Perú, la afiliación de los trabajadores independientes es voluntaria, lo que explica sus bajos niveles de cobertura. En contraste, países como Bahamas, Colombia, Ecuador y Paraguay establecen afiliación obligatoria, pero aun así una proporción significativa de independientes sigue fuera del sistema, debido a factores como el alto costo de las contribuciones, la falta de fiscalización efectiva y la percepción de que los beneficios no compensan el gasto. Incluso entre los registrados ante las autoridades fiscales, muchos permanecen sin cobertura.
Para quienes no están afiliados, la protección varía: en algunos casos es inexistente, y en otros proviene de programas no contributivos financiados con fondos públicos. Aunque han crecido en la región, estos ofrecen niveles de protección más bajos y se dirigen a personas en situación de pobreza.
Ante una población que envejece aceleradamente en América Latina, el BID advierte sobre la urgencia de avanzar en reformas estructurales que aseguren la sostenibilidad de los sistemas sin comprometer su función protectora. El organismo plantea que expandir la cobertura requiere múltiples reformas: fortalecer la fiscalización, reducir costos de contratación, simplificar trámites y hacer que la seguridad social sea percibida como una opción valiosa. Asimismo, propone adaptar los sistemas a la diversidad del trabajo actual, integrando mejor los pilares contributivos y no contributivos y ofreciendo alternativas más flexibles para los trabajadores independientes.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones