El proyecto de ley “que garantiza a la energía eléctrica como un derecho humano y amplía la tarifa social” propone una reestructuración profunda del uso de la renta eléctrica nacional —compuesta por royalties, compensaciones y utilidades de las binacionales, Itaipú y Yacyretá— con el fin de beneficiar a más del 90% de los hogares paraguayos, que consumen hasta 1.500 kWh mensuales. También se incluye en la tarifa social a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como a juntas de saneamiento de agua potable.
Según el texto de la propuesta, el subsidio estimado para implementar esta ampliación rondaría los 200 millones de dólares anuales, monto que, de acuerdo con los autores del proyecto, podría financiarse fácilmente mediante la eliminación de gastos superfluos en las binacionales y la creación de un impuesto a los altos salarios del sector público.
Además del beneficio directo en las facturas eléctricas, el proyecto plantea una reforma estructural para mejorar la eficiencia energética, fomentar el empleo y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se establece, por ejemplo, que la ANDE deberá aplicar descuentos diferenciados según franjas horarias y consumo, promover el uso de medidores inteligentes y garantizar el suministro continuo incluso en casos de mora para usuarios sociales.
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La audiencia pública servirá como espacio para escuchar posturas a favor y en contra, justo en un momento en que crece el debate sobre la distribución de la riqueza generada por las hidroeléctricas y el rol social del Estado.
El proyecto, inspirado en una versión vetada en el 2019, también contempla la exoneración total del pago de electricidad hasta 300 kWh/mes para comunidades indígenas y personas mayores de bajos recursos, así como la condonación parcial de deudas acumuladas por usuarios en situación de vulnerabilidad.