La Ley N° 7452/2025, promulgada en enero pasado, introdujo modificaciones sustanciales al régimen de alianza público-privada (APP). Una de las principales es la ampliación de los límites de los “pasivos contingentes”, que son compromisos presupuestarios que asume el Estado ante eventuales incumplimientos de los actores privados en los proyectos de APP, explicó el analista económico Amílcar Ferreira.
“El sector privado pone la inversión y el sector público aporta garantías para el flujo. Vale decir, se hace una proyección del flujo de caja del proyecto y el Estado, en el caso de que ese flujo no se cumpla, otorga garantías y entra a cubrir ese déficit”, subrayó.
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Detalló que un caso típico sería una ruta construida y explotada bajo la modalidad de APP, en donde la empresa concesionada recaude en peajes menos de lo previsto. En ese escenario, el Estado cubriría la diferencia —es decir, el pasivo contingente— con recursos del fondo fiduciario previsto por la ley para estos casos.
El especialista en inversiones señaló que esta y otras flexibilidades de la nueva legislación abren la posibilidad de facilitar y concretar más proyectos al permitir un mayor involucramiento financiero del Estado.
Precisamente, Ferreira disertará sobre los cambios de la ley, sus ventajas y los riesgos fiscales que conllevan durante la Feria Constructecnia 2025, que se realizará del 21 al 25 de mayo en el Comité Olímpico Paraguayo. Tras su presentación, se prevé un debate entre presidentes de gremios de la construcción, donde el nuevo marco de APP, sus garantías y el mayor respaldo presupuestario del Estado al sector privado serán temas centrales.
Compromisos asumidos por el Estado se expanden
Y es que, además del aumento del límite de los pasivos contingentes, otra flexibilidad que brinda más garantías de la nueva normativa es que también eleva la participación pública en las obras mediante APP. El tope del aporte estatal pasó del 10% al 25% del valor del proyecto, lo que incrementará también los llamados pagos firmes: desembolsos que el Estado se compromete a realizar de forma incondicional, definidos en cada contrato de APP.
Ferreira explicó que, en términos presupuestarios, los compromisos asumidos y el gasto público se expanden notablemente.
El límite acumulado para pagos firmes y pasivos contingentes se duplica, pasando del 2% al 4% del PIB. A su vez, el tope anual aumenta del 0,4% al 0,8% del PIB. Esto implica una mayor exposición en el Presupuesto General de la Nación (PGN) a obligaciones financieras, tanto directas como eventuales, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal, advirtió el especialista.
“Esa es la contracara de la moneda, dado que Paraguay ya tiene un nivel de endeudamiento alto. Y digamos que asumir pasivos contingentes también representa un desafío. Pero también hay que considerar en la ecuación que la infraestructura, como pocas inversiones, genera un aumento de la actividad económica en el mediano y largo plazo”, dijo.
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Se justifica por los beneficios
En ese sentido, justificó esta apuesta de mayor involucramiento financiero del Estado en función al impacto positivo que tienen las obras públicas en el crecimiento económico, la inversión privada y la recaudación.
Enfatizó que, según la literatura económica internacional, por cada dólar invertido en infraestructura, el sector privado invierte hasta cinco dólares adicionales en los diez años siguientes.
“Si se hace una ruta y se invierte un millón de dólares, se espera que en la siguiente década eso atraiga inversión privada de cinco millones. Eso implica comercios que se instalan, shoppings, centros comerciales, campos mejorados, etcétera”.
Agregó que esa expansión también beneficia al Estado en materia impositiva, lo que a su vez le permite mayor capacidad para hacer frente a los mismos pasivos contingentes. “Entonces, el pasivo contingente que se asume en los proyectos de APP va a estar también respaldado por un crecimiento de la inversión y en la actividad económica y, por ende, en los impuestos que se recaudan”, concluyó.