La Asociación de Asegurados de IPS se pronunció en contra de que los trabajadores formales financien el seguro de desempleo, aunque consideran el planteamiento como algo necesario, según explicó Eduardo Aguayo, presidente de la organización.
“El problema es cómo se financia y sobre todo que al constituirse en una medida paliativa de un problema estructural como es el desempleo, si eso no va acompañado de una política de generación de empleos, se constituye finalmente solamente en una medida populista que busca subsidiar a determinados sectores que en realidad terminan siendo después clientela del propio aparato político que está al frente del gobierno”, criticó.
Agregó que hay un montón de proyectos que a los que el Estado debería apuntar para que el seguro de desempleo sea una cuestión paliativa que ayude a la formalización con las otras políticas que en realidad deberían ser los ejes de una política de empleo. Insistió que están en contra porque descarga la crisis de la situación de desempleo sobre los trabajadores formales.
“Es un contrasentido que este gobierno haya impulsado la modificación de la ley de mipymes que permite a las patronales durante un periodo de 3 años descontratar a los trabajadores sin ningún tipo de causal y sin tener que indemnizar, ¿cómo se puede entender que, por un lado, el Estado incentive que las patronales puedan tener total libertad para despedir y al mismo tiempo de eso vamos a tener que hacernos cargo de los trabajadores formalmente activos?, es algo que raya el ridículo”, fustigó.
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Critican seguro de desempleo
Aguayo consideró inconcebible que en un país donde los trabajadores formales son una minoría muy raquítica, tengan que soportar el peso de una situación de crisis que vive el país ya hace años y que se plantea financiar con el aumento del 2% del aporte obrero patronal.
“En realidad el 2%, no es que es 1% del obrero, 1% del patrón, sabemos muy bien que en realidad ese aporte que hace la patronal, en realidad es una deducción de la ganancia que genera el trabajo producido por el trabajador. En consecuencia, aunque tenga que desprenderse de ese 1%, finalmente eso va a ser acomodado nuevamente para que en realidad el trabajador termine pagando el pato de la boda”, criticó.
Agregó que en contrapropuesta, creen que quienes deben financiar el seguro de desempleo, por ejemplo, es la banca privada que se lleva a manos llenas dinero a partir de lucrar con los negocios financieros utilizando los ahorros y aportes de los trabajadores que están en el IPS, que se utilizan para emisión de bonos y se utilizan para la los depósitos de S.A., para préstamos, etcétera.
“Ellos están haciendo grandes negocios y por lo menos deberían ser ellos los que financien este tipo de proyecto y también habría que extender a otros sujetos obligados como, por ejemplo, grandes sectores del capital agrario, ganadero, sojero, etcétera y otros grandes empresarios, pero no puede ser que la crisis se tenga que descargar sobre los trabajadores que tenemos un trabajo formal”, concluyó.
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Propuesta también afectaría a jubilados
Agregó que las políticas aplicadas desde el gobierno no solamente buscan impactar en los trabajadores, sino también en los jubilados.
“Hay un proyecto de Vanessa Cubas, la gerente de prestaciones económicas, ha señalado que una opción es aumentar para los jubilados, el porcentaje de aporte para autofinanciar su propio aguinaldo. O sea, es una locura. Hay toda una movida que busca apretar a los sectores más vulnerables para sostener la crisis”, sostuvo.
Dijo además que a partir de la ley de superintendencia el gobierno busca pulverizar el sistema de reparto solidario y avanzar hacia un modelo de capitalización individual, que no significa otra cosa que la privatización del sistema previsional en nuestro país.
“Es un nivel de cinismo impresionante el del gobierno. Plantean hacerse cargo de pagar para los jóvenes, la seguridad social, o sea, hacerse cargo, cuando tienen una deuda de más de US$ 400 millones con el IPS. No hacen absolutamente nada para combatir la evasión patronal, que es justamente lo que desangra e imposibilita tener una proyección de futuro en un sistema previsional en nuestro país”, aseveró.
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Salario mínimo
Aguayo indicó que el problema del salario mínimo no es solamente el aumento o el reajuste del salario mínimo, el problema que tiene la política que no prevé que para quienes ganan por encima del salario mínimo.
“También existe ese mismo reajuste, porque lo que ocurre es que apenas se da ese aumento del 4%, se remarcan todos los precios, en los súper, en los mercados, en los negocios y en consecuencia impacta en un número muy alto de la población y en consecuencia va en detrimento finalmente de la gran mayoría, porque es un número muy pequeño el que gana salario mínimo en el país”, afirmó.
Agregó que en nuestro país el número de personas que formalmente perciben el salario mínimo no pasan las 300.000 o un poco más, pero es un número muy bajo.
Denunció que en los espacios donde deberían estar representados los trabajadores no hay tales representantes, como por ejemplo el Consejo de la Superintendencia de Jubilaciones, o IPS, ya que los mismos son electos dedocráticamente por los titulares de las instituciones.
Representante de trabajadores no les representan
“El representante de los trabajadores y el representante de los jubilados es elegido por el ejecutivo de una terna que presenta ¿quién? La burocracia sindical que está alineada a los intereses del gobierno y que en consecuencia actúa de acuerdo a esos intereses”, denunció.
Recordó que no es casualidad que en el Consejo de la Superintendencia están representantes de las centrales que apoyaron la ley que salió durante el gobierno de Santiago Peña. En esa línea, contó que fueron elegidos Jorge López es de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a la que tildó de principal central amarilla de nuestro país y el otro representante es Ramón Ávalos, que es de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), a quien calificó de “aparato al servicio siempre de las traiciones”.
Concluyó que analizan presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes que arremeten contra los derechos de los trabajadores, pero que es un camino burocrático, por lo que mientras tanto también estarán organizándose para realizar movilizaciones y fortaleciendo el frente sindical.
Denunció que gran parte de los trabajadores no solamente son inconscientes de la situación política que vivimos, sino que también vive una situación de impotencia porque a cualquiera que intente organizarse en su lugar de trabajo es perseguido.
“El trabajador o la trabajadora corre el riesgo casi seguro de ser echado encima en el marco de un despido injustificado, no teniendo ninguna posibilidad de sostener un juicio laboral y en consecuencia en realidad lo que sea lo que se resigna es a quedarse en la calle a buscar otro trabajo. El Ministerio de Trabajo es una sucursal de las patronales, está el servicio de las patronales. Hay un sindicato que se quiere armar y los primeros que desarrollan una política de obstrucción son los propios, el propio viceministerio”, concluyó.