En 2003 el Parlamento aprobó la reforma de la Caja Fiscal, que fue impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Dionisio Borda, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (ANR).
Se incrementó el aporte de los funcionarios activos de 14% a 16% y se extendió la retención sobre todos los objetos de gastos remunerativos del personal público.
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Con estos cambios mejoró su condición financiera alcanzando en 2012 un leve superávit global, aún cuando los sectores de militares, policías y docentes todavía arrastraban pérdidas.
Regímenes especiales aprobados
Entre 2007 y 2022, sin embargo, el Congreso introdujo sistemáticamente modificaciones mediante la aprobación de regímenes especiales, que terminaron perforando la Ley N° 2345/2003 de reforma y llevando a la caja nuevamente a una situación de déficit global.
Los regímenes especiales favorecieron a enfermeros, obstetras, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, médicos del Estado, docentes en educación inclusiva, agentes de la Patrulla Caminera, guardaparques y trabajadores con discapacidad de la función pública.
Tras estos cambios, el déficit global de la Caja Fiscal arranca nuevamente en 2015 con G. 70.161 millones (US$ 8,8 millones al cambio vigente) y diez años después asciende a más de G. 2,2 billones (US$ 279,8 millones al cambio vigente).
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En tanto, en el primer cuatrimestre del presente ejercicio el saldo rojo ya representa G. 814.352 millones (US$ 102,6 millones al cambio vigente).
Los datos manejados hasta el año pasado dan cuenta que en la última década el Tesoro Público ya subsidió a la Caja Fiscal con más de US$ 1.100 millones de la recaudación de impuestos.
Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los recursos de esta entidad se agotarán en 2027 y el Tesoro Público tendrá que hacerse cargo del 100% del saldo rojo que estima representaría 1,3% del PIB, que actualmente equivale a unos US$ 600 millones.
Gobierno dilata presentación de la reforma
A pesar de este alarmante panorama, el gobierno de Peña dilata la reforma del sistema público de jubilaciones, esta vez con el argumento de que antes de presentar el proyecto de ley al Congreso se deberá socializar con los diversos sectores involucrados para buscar un acuerdo.
La entidad, con 230.000 aportantes y más de 79.000 beneficiarios, está conformada por seis sectores: empleados públicos, el único que se mantiene con superávit; magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros, todos estos arrastran déficit que se cubre con impuestos.
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La eventual reforma deberá buscar unificar las reglas para todos los sectores, incrementar el porcentaje de aporte, los años de aportes, la edad de jubilación, entre otros.
En tiempos del Ministerio de Hacienda, hoy MEF, se había recomendado elevar el aporte a 20% para los sectores deficitarios.
Un estudio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala que el sistema está altamente fragmentado, todos aportan el 16%, pero los beneficios son muy diferentes entre sectores.
Sostiene que la tasa de aporte de equilibrio es muy superior a la tasa vigente del 16%, mayor aún para los sectores deficitarios.
Además, existe una alta demanda de jubilaciones, principalmente en el sector del magisterio nacional (docentes) y fuerzas públicas (militares y policías).