En medio de la falta de pagos a los jubilados municipales y la gran crisis económica que afecta a los exfuncionarios, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que la reforma de este sistema es uno de próximos objetivos de su gestión. Explicó que las leyes “más sensibles” desde el punto de vista social, las proponen una por año.
Indicó que empezaron con la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, luego fueron por la Ley de Servicio Civil y antes de que acabe este año van “a tocar la ley de la caja fiscal”. Señaló que hay varios parámetros que se van a ajustar.
Lea más: Caja Fiscal: una reforma profunda y total plantean Barreto y Borda
Por un lado, hizo énfasis en que lo principal es estudiar la edad mínima establecida para la jubilación. “De todos los factores que vimos, el más importante que vimos, por lejos, es la edad en la que se retiran. Vamos a garantizar que se retiren a partir de cierta edad, ahora es cualquier cosa (...) Hay demasiada gente por debajo de los 65 años, que es totalmente productiva todavía, pero se le está pagando sus ingresos con la caja fiscal”, manifestó.
El ministro agregó que eso le cuesta entre G. 250 y 300 millones al año a la Caja fiscal. Indicó que a partir de la ampliación de la edad requerida para la jubilación, también se tendría que hacer una reingeniería en recursos humanos.
Por ejemplo, en el caso de los policías, hay mucha gente joven en puestos administrativos que pueden ser ocupados por los mayores.
Por otro lado, Fernández Valdovinos dijo que otro de los puntos que deben ser estudiados es quiénes aporta a la caja. Planteó que al Instituto de Previsión Social (IPS) aportan las patronales y los trabajadores. Mientras que a las cajas municipales solo aportan los funcionarios.
Con respecto a que la diferencia es que IPS ofrece servicio de salud, indicó que ese punto también debe ser debatido, pues hoy el Gobierno paga seguro médico privado para sus funcionarios. “Todas esas consideraciones deberían estar dentro”, indicó.
El ministro destacó que trabajarán en una propuesta, pero que al final la decisión estará en poder del Congreso Nacional.