En un material publicitario que publicaron en la ocasión en Buenos Aires apuntaban tres ejes del acuerdo en la Entidad Binacional Yacyretá:
1.- Dar previsibilidad sobre el uso de la energía generada por la central.
2. Fijar un precio igual para ambos países, bajando el costo que pagaba Argentina.
3.- Retomar un sendero de estabilidad financiera sin aportes del Tesoro Nacional.
Y los nuestros, incluyendo al mismo mandatario Santiago Peña, ¿cómo justificaron su decisión de firmar el documento? “Espectacular, realmente una gran conquista”, decía Peña a los periodistas el jueves 8 de ese mes.
Añadía entonces que el alumbramiento del pacto requirió 20 meses de trabajo conjunto con los argentinos. Lo más llamativo de sus declaraciones, que “le va a dar sostenibilidad financiera” a la entidad.
Sinuoso camino hacia la estabilidad financiera en la EBY
Estabilidad o sostenibilidad en este singular espacio binacional son casi sinónimos. Lamentablemente, nuestros connacionales, tampoco los argentinos, no convencen cómo lograrán aquietar las finanzas de la EBY con un cobro adelantado, en efectivo, de US$ 28 por cada MWH que facture a Cammesa o a la ANDE.
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¿Qué pasará con los más de US$ 4 mil millones (NR 2/17) que el gobierno argentino reclamaba a la EBY según ese documento nonato. O los más de US$ 6.000 millones que adeuda Cammesa a la EBY por facturas impagas. O los US$ 1.500 millones que la EBY debe al Paraguay en razón de territorio inundado?
Los US$ 500 millones por año que ingresarían a la EBY mediante la tarifa provisional, lo dividirán en partes iguales, las dos márgenes de Yacyretá - US$ 250 millones, Paraguay y US$ 250 millones Argentina - monto que cubriría en la margen derecha apenas los gastos más indispensables.
¿Y la nueva deuda que acumule debido a la cuotización de la tarifa real de Yacyretá?, que tampoco sabemos a cuánto asciende?
Verdaderos intereses de Javier Milei y Santiago Peña
Si armamos el rompecabezas, una conclusión caería por su propio peso. El Gobierno de Javier Milei está más interesado en no gastar un peso en Yacyretá y al de Santiago Peña en cubrir erogaciones indispensables de la margen paraguaya, especialmente los “gastos sociales” en los tres años que le quedan de su período de gobierno.
En cuánto al punto 2, del material argentino, no se explica cuál es el costo que paga Argentina. Si se refiere a los US$ 51/MWh derivados la ilegal NR 92 o a los US$ 17, 16 o 15/MWh que pagaba Cammesa.
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Reiteremos, Cammesa debe por facturas impagas US$ 6000 millones a la EBY, luego convendría que también especifique el gobierno argentino a qué costo y a qué pagos se refiere.
En lo atinente al punto 1, deberían admitirlo, el deseo más ferviente en Argentina es que la ANDE retire de la central la menor cantidad posible de energía. Eso explica que la estatal paraguaya consintiera que le impongan un límite 425 MW medios +-10%.
Pruebas que apuntalan sospechas
El fuerte achicamiento de la tasa de aprovechamiento de la energía de la central Yacyretá en abril respecto de enero de este año es apenas una de las pruebas que apuntalan nuestras sospechas.
La caída de la tasa de utilización de la energía de Yacyretá fue abrupta, de 592 GWh en enero cayó a 119 GW en abril último.
En los 12 meses del 2024, recordemos, porque la hora de las comparaciones se perfilan y con firmeza, la ANDE llegó a retirar de Yacyretá el 31,78% de lo que produjo en ese ejercicio.
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Que en junio de 2024 arañó el 50% (47,08%) 45,84% en setiembre, 45,10% en noviembre. Seis meses en los que el Paraguay estuvo pisando el elevado umbral del sagrado culto a la soberanía energética paraguaya.
Revisión del Anexo C, postergada hasta 2030
La decisión de prolongar la vigencia del documento por cinco años, por otra parte, posterga, al menos hasta el 2030, la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que debió cumplirse hace 14 años.
El Anexo C del Tratado, aun cuando parezca muy repetitivo, insistamos, es el instrumento que permitirá a la EBY contar con una tarifa que refleje su costo real y, de esa manera, pretender la hoy huidiza estabilidad financiera.