En un contexto global marcado por retrocesos en la lucha contra la pobreza, la protección social emerge como una herramienta estratégica para promover la autosuficiencia económica. De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (BM), los programas de empleo e inclusión económica están demostrando ser claves para generar oportunidades productivas, más allá del apoyo en efectivo o en especie.
El informe destaca que actualmente más personas tienen acceso a esquemas de protección social que en cualquier otro momento de la historia. En la última década, la cobertura se ha expandido a un total de 4.700 millones de personas en países de ingreso bajo y medio. Esto significa que tres de cada cuatro personas viven en hogares que reciben algún tipo de beneficio o contribuyen al sistema. El crecimiento fue especialmente significativo en las economías de menores ingresos, donde la cobertura más que se duplicó.
Por otra parte, los programas de inclusión económica, que combinan transferencias con activos, capacitación y acceso a mercados, han generado incrementos de hasta 45% en los ingresos de los hogares o en sus ingresos productivos, apuntalando una mejora sostenida en su situación económica.
A pesar de estos avances, el desafío sigue siendo enorme. El reporte advierte que 1.600 millones de personas en países de ingreso bajo y medio continúan sin ninguna forma de protección social, mientras que otras, 400 millones, están cubiertas de manera insuficiente. Al ritmo actual, se estima que harán falta 20 años más para garantizar cobertura total a las personas pobres del mundo.
Impacto parcial en Paraguay
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2024, las políticas de protección social, como Tekoporã, el almuerzo escolar y la pensión alimentaria para adultos mayores, evitaron que aproximadamente 148.000 personas cayeran en la pobreza extrema y cerca de 230.000 en la pobreza total.
En términos porcentuales, la tasa de pobreza extrema con todas las transferencias activas se situó en 4,1%. Sin estas ayudas, dicha tasa hubiera alcanzado 6,6%, evidenciando un impacto de 2,5 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza total, el efecto fue aún mayor: pasó de 20,1% con las transferencias a 24,0% en su ausencia, una diferencia de 3,9 puntos.
Si bien los datos muestran el papel que desempeñan las políticas sociales en la mitigación de la desigualdad y la exclusión económica, especialmente en un contexto de vulnerabilidad y transición demográfica en Paraguay, aún persisten desafíos estructurales que restringen su impacto. La elevada informalidad laboral, que afecta a más del 60% de los ocupados, reduce la capacidad del Estado para ampliar la cobertura de seguridad social y limita los ingresos tributarios. Además, la creación de empleos formales de calidad sigue siendo insuficiente para absorber a la población joven que se incorpora al mercado laboral. En este escenario, resulta urgente diseñar políticas que impulsen la inversión productiva, fomenten la formalización y promuevan la capacitación técnica. Generar nuevas fuentes de trabajo y ampliar la inclusión laboral será clave para complementar los esfuerzos redistributivos.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.