La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el pasado 5 de junio, el proyecto de Ley para regulación del “Sistema Nacional de Pagos”, que de esta manera ya cuenta con media sanción y está pendiente para su tratamiento en la Cámara de Diputados. El plan plantea otorgar al Banco Central del Paraguay (BCP) mayor facultad como la de administrar y coordinar el ecosistema de pagos que existen en el país, además de regular y supervisar el sistema.
De acuerdo con los argumentos, desde la promulgación de la Ley N° 4595 en 2012, el sistema financiero y el ecosistema de pagos en Paraguay han atravesado importantes transformaciones. Actualmente, tanto consumidores como empresas exigen servicios de pago más ágiles, seguros e interoperables. En este contexto, la regulación debe adecuarse para afrontar los riesgos derivados del avance digital, como el fraude, los ciberataques y la protección de datos personales.
Al respecto, directivos de la procesadora de tarjetas y otros medios de pagos, Bancard han manifestado su posición sobre el citado proyecto y precisaron a través de un comunicado, que valoran este tipo de avance normativo que busca favorecer al ecosistema de pagos digitales.
No obstante, expresaron su preocupación respecto al artículo 4 en sus incisos e) y q) que otorgará a la autoridad de aplicación (Banco Central del Paraguay ) facultades excesivamente amplias para regular e intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema.
Lea más: MEF y BCP defienden plan para regular sistema de pago
Entre estas facultades, la procesadora cita por ejemplo la posibilidad de:
- Exigir “separaciones estructurales” entre entidades vinculadas con base en criterios amplios y potencialmente arbitrarios como la “transparencia” o el “interés público”. (inc. e)
- Suspender e incluso dejar sin efecto, las decisiones adoptadas por un administrador y/o proveedor de un servicio y/o sistema y adoptar las medidas que considere oportunas. (inc. q)
“Este artículo lejos de promover un sistema de pagos moderno, eficiente e inclusivo, podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión y favorecer prácticas regulatorias discriminatorias”, advirtió Aníbal Corina, gerente general de Bancard.
Añade también que era necesario advertir sobre este riesgo, considerando que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, afectar la libre competencia, desalentar la innovación y limitar la participación del sector privado.
Mencionó igualmente que el borrador del proyecto de ley socializado no incluía la atribución de separación estructural arriba mencionado, por lo que no han tenido la oportunidad de exponer su postura sobre el tema.
Lea más: Sistema de pagos: Asoban espera que Ley cumpla con estándares de seguridad
Solicitan participación en proceso de análisis
La nota socializada esta tarde desde la procesadora de tarjetas también expresa una solicitud a la Cámara de Diputados y a sus Comisiones competentes, para ser considerados en una participación activa en el proceso de análisis del referido proyecto de ley, conjuntamente con los demás actores del sistema, esto en atención a la trascendencia del tema y a la necesidad de debatir sobre las graves consecuencias que podría acarrear la aprobación de una normativa de esta naturaleza para toda la población, menciona la nota.