En conferencia de prensa esta mañana, la senadora Esperanza Martínez (FG)presentó el proyecto de ley “Que modifica el artículo 255 de la Ley 213/93 que establece el Código del Trabajo, y deroga el artículo 256 del mismo”, en lo referente al mecanismo de ajuste del salario mínimo legal, incorporando un nuevo criterio que priorice el bienestar de los trabajadores.
Según precisó Martínez, la iniciativa busca que al momento de calcular el ajuste del salario mínimo, se priorice el índice de precios al consumo de alimentos por sobre el índice general, ya que este último no refleja con precisión el aumento real del costo de vida, especialmente para las familias de menores ingresos, que destinan gran parte de sus recursos a la compra de alimentos. El debate surgió justamente por el descontento de gran parte de los trabajadores con el reajuste de poco mas de G. 100.000 que se estaría aplicando desde el próximo mes.
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Una intensión similar había comentado recientemente el ministro de Economía Carlos Fernández, de establecer un criterio más acorde a la realidad de los trabajadores que perciban hasta dos salarios mínimos y que estarían viendo la posibilidad de contar con un índice de precios más apropiado a este grupo de obreros, pero que no incluya solo alimentos, sino también otros bienes esenciales.
Según precisó Esperanza, un estudio realizado entre 2018 y 2023 muestra que, mientras el índice general de precios al consumidor aumentó un 28%, el índice específico de alimentos subió un 47%. En 2023, el aumento de precios en alimentos fue del 7,5%, mientras que el índice general se incrementó apenas un 3,9%.
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Que se utilice el índice con mayor variación
El proyecto establece que se consideren ambos indicadores, pero que al momento de fijar el salario mínimo, se utilice aquel que haya registrado un mayor aumento, para beneficiar realmente a las familias trabajadoras, en función de lo que ocurre en la economía, donde los alimentos tienen un peso determinante”, expresó la senadora.
La parlamentaria detalló que la iniciativa plantea dos componentes: el primero hace referencia a un ajuste técnico del cálculo actual, priorizando el índice que represente una mayor incidencia positiva en la vida de los trabajadores y trabajadoras.
En tanto, el segundo se refiere a la transparencia en el proceso de ajuste, estableciendo que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) publique las actas y todos los cálculos utilizados para determinar el salario mínimo en la página web del Ministerio de Trabajo, de modo que la ciudadanía pueda acceder a esta información de forma clara y directa.
Además, la proyectista remarcó la necesidad de una campaña para garantizar el cumplimiento de la ley laboral, formalizar el trabajo informal y asegurar que todos los trabajadores perciban el salario mínimo legal y tengan acceso al seguro social. “Hay patrones que, con el argumento de pagar más, evitan inscribir al trabajador en el IPS. Eso es ilegal. Tenemos que cumplir la ley”, advirtió.
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Reajuste este año será solo de G. 100.739
El Conasam recomendó aumentar en 100.739 guaraníes el salario mínimo, que elevará a un total de 2.899.048 guaraníes, desde G. 2.798.309 que está vigente en la actualidad. La recomendación se definió con una votación, con la parte obrera en disidencia y se aguarda el decreto del presidente Santiago Peña para que entre en vigencia desde el próximo mes de julio.
Se estima que unos 270.000 trabajadores –alrededor del 15 por ciento de los asalariados en Paraguay- se verían directamente beneficiados.