La cartera de Economía y Finanzas lanzó en marzo último una convocatoria a acreedores con resoluciones judiciales firmes para celebrar acuerdos que pongan fin al conflicto y obtener de esa manera prioridad en el cobro, pero a cambio de una quita a favor del Estado.
La convocatoria fue dirigida a los acreedores con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas que condenan al Estado al pago de sumas líquidas de dinero notificadas al MEF hasta el 31 de diciembre de 2024, en juicios donde la Procuraduría General de la República haya intervenido con carácter de representación necesaria.
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Los montos a ser percibidos por cada acreedor no excederán la suma de G. 4.000 millones durante el presente ejercicio fiscal, independientemente de que las acreencias provengan de obligaciones emanadas de resoluciones y sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, dictadas en juicios diferentes, estableció el MEF.
En los casos en que excedan el tope establecido, abonarán con cargo a ejercicios fiscales siguientes, con base en la disponibilidad presupuestaria, de acuerdo con las reglas de la cartera de Economía y Finanzas.
Propuestas presentadas
Según el reporte del MEF, en total 130 propuestas fueron recibidas en el periodo habilitado, que fue entre el 14 de abril al 16 de mayo, por un monto de G. 46.037 millones (US$ 5,8 millones al cambio vigente), mientras que otras 11 propuestas, por un monto de G. 19.572 millones (US$ 2,4 millones), fueron declaradas como no admitidas tras el proceso de verificación.
Las propuestas presentadas están actualmente en la etapa de presentación de reclamos hasta el 30 del presente mes y, según el calendario del MEF, el análisis de los reclamos se realizará del 1 al 14 de julio, mientras que el resultado final a ser aprobado mediante resolución institucional, se dará a conocer a partir del 15 de julio.
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Las propuestas admitidas representan G. 46.037 millones (US$ 5,8 millones), con una quita del orden de G. 6.931 millones y, de aceptarse finalmente esta operación, el Estado pagará un total de G. 39.106 millones (US$ 4,9 millones) a los acreedores, que representa el 89,4%.
El año pasado, con este mismo procedimiento, tras una quita de G. 2.716 millones planteada, el Estado terminó pagando G. 13.009 millones (US$ 1,6 millones al cambio vigente), que equivalen al 82,7%, a los acreedores con resoluciones judiciales firmes y ejecutoriadas hasta el 31 de diciembre de 2023.