En el año 2003 se realizó una reforma de la Caja Fiscal, que encaminó su situación financiera hacía la sostenibilidad, pero en los años siguientes fueron aprobados en el Congreso 12 leyes que perforaron nuevamente el sistema y esto generó un creciente déficit año tras año que ya llevó al Tesoro Público a inyectar más de US$ 1.300 millones para pagar los haberes a los jubilados.
El saldo rojo global de la entidad previsional del sector público viene desde el año 2015, cuando cerró en 70.161 millones (US$ 8,9 millones al cambio vigente), aunque los sectores de docentes, policías y militares ya arrastraban pérdidas desde ejercicios anteriores.
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A estos sectores deficitarios se sumaron posteriormente los magistrados judiciales y docentes universitarios, manteniéndose aún con superávit del 13% el sector de administración pública, pero cada vez con menos margen.
En lo que va de este año, al mes de mayo pasado, ya acumula 43% de déficit, que equivale a más de G. 1 billón (US$ 129,4 millones al cambio vigente), diferencia que se sigue financiando con los impuestos que pagan los contribuyentes.
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Cuando asumió Peña la presidencia, en agosto de 2023, se había mencionado que la reforma de la Caja Fiscal debería ser una prioridad, pero a pesar de los reiterados anuncios realizados por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, no hay señales sobre el proyecto de ley a ser presentado al Congreso.
FMI insiste en la reforma de la Caja Fiscal
El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe emitido el pasado viernes 27, como parte de las conclusiones del quinto examen del Instrumento de Coordinación de Políticas y el tercer examen del acuerdo en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad para Paraguay, menciona nuevamente a la Caja Fiscal.
“Abordar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los empleados públicos es esencial para mitigar los riesgos fiscales a medio plazo”, dice el comunicado del FMI.
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Un diagnóstico realizado por el propio Ministerio de Economía, que es la entidad que administra la Caja Fiscal a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, advierte que el sistema está altamente fragmentado, en donde todos aportan el 16%, pero los beneficios son muy diferentes entre sectores.
También refiere que la tasa de aporte de equilibrio es muy superior a la tasa vigente del 16%, mayor aún para los sectores deficitarios.
Se suma la alta demanda de jubilaciones, principalmente en el sector de docentes, policías y militares.
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El MEF alerta del agotamiento de recursos en el mediano plazo y el déficit de la Caja Fiscal se cubrirá por completo con recursos del Tesoro.
Sostiene que el sistema subsidia un alto porcentaje de los beneficios, que los aportes durante la vida laboral activa cubren escasamente los beneficios de la jubilación.
A pesar de este panorama, el gobierno de Peña sigue postergando la reforma del sistema que actualmente registra 77.000 beneficiarios.
Superintendencia de Jubilaciones
En contrapartida a la reforma de la Caja Fiscal que sigue en espera, la Ley N° 7235/2023 que “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional” fue aprobada y promulgada en tres días, pero continúa sin poder ser implementada.
La referida ley que crea el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones fue aprobada por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2023, el 13 de diciembre fue sancionada por la Cámara de Diputados y al día siguiente, el 14 de diciembre, el presidente de la República la promulgó a pesar de la fuerte oposición de los trabajadores y jubilados.
A un año y seis meses de su promulgación el Consejo de Seguridad Social no está conformado totalmente y, en esta situación, no puede reunirse para establecer la terna de candidatos para la superintendencia, que es la instancia que realizará los controles a las diferentes cajas de jubilaciones, tanto del sector público como privado.