El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la duplicación de la Ruta Departamental 025, un proyecto de infraestructura vital para el área metropolitana, avanza con seis frentes de trabajo simultáneos y cerca de 60 operarios desplegados en el tramo de 6 kilómetros que conecta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con el Acceso Norte (ruta PY03).
A pesar de la magnitud y el impacto de la intervención, la obra es blanco de cuestionamientos por la falta de transparencia en el proceso de adjudicación a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI), al parecer, solo para evadir los controles de la ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, pues los llamados de dicha entidad no se rigen por las normativas del país.
El proyecto, impulsado por el MOPC, pero la cartera no se encargó de licitar los trabajos. Resultó adjudicado a la empresa CDD Construcciones SA, representado por César Delgado, incluye soluciones para intersecciones complejas, como un nuevo puente sobre el arroyo Itay, sistemas de drenaje, una ciclovía y la construcción de veredas y paradas de buses. La inversión para este tramo es de G. 167.063.677.052.
Especialistas en contrataciones públicas advirtieron en su momento que ante la falta de un proceso de licitación abierto, con publicación de todos los documentos de la adjudicación, vulnera los principios de transparencia y competencia, dejando dudas sobre posibles irregularidades y la ausencia de una fiscalización adecuada de los recursos.
Obra estratégica, adjudicación bajo la lupa
En el terreno, los trabajos avanzan con la conformación de terraplén, instalación de piezas especiales y sistemas de drenaje mediante alcantarillas dobles, así como el traslado del vallado perimetral en el predio de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC). El punto central actual es la construcción del nuevo puente sobre el arroyo Itay, que tendrá 60 metros de largo y 18,5 metros de ancho para seis carriles vehiculares.
Si bien la duplicación de la ruta D025 representa un salto significativo para la movilidad y el desarrollo urbano, la comunidad demanda claridad: hasta ahora no se han hecho públicos los detalles del contrato, las justificaciones técnicas, ni los criterios de selección de la empresa adjudicataria.
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Falta de información
La falta de información oficial y el manejo discrecional de los recursos de una obra de alto presupuesto y fuerte impacto social incrementa la sospecha de favoritismo y de eventuales hechos de corrupción.
El desafío no está solo en avanzar con la infraestructura, sino también en garantizar procesos claros y auditables que permitan el buen uso de los recursos públicos y la efectiva fiscalización social.