La reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de funcionarios del Estado o Caja Fiscal no forma parte del conjunto de 7 proyectos de ley del área económica que el Gobierno dijo ayer que presentará al Congreso para su estudio y aprobación.
No obstante, el viceministro de Economía y Planificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe González, encabezó ayer una comitiva del MEF que se reunió con la comisión especial “para el estudio de la situación financiera y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público” de la Cámara de Diputados. En el encuentro se sinceraron ante un inminente colapso de casi todas las cajas de pensiones.
“La previsión que se tiene, si es que se sostienen así los criterios fragmentados de las diferentes cajas, es que en el 2028 se llegaría a un 100% de déficit”, dijo el presidente de la comisión, diputado Édgar Olmedo (ANR, B).
Al mes de mayo último la Caja Fiscal ya acumula 43% de déficit, que equivale a más de G. 1 billón (US$ 129,4 millones al cambio vigente), diferencia que se sigue financiando con los impuestos que pagan los contribuyentes, según datos del MEF. El saldo rojo global de la entidad previsional del sector público viene desde el año 2015, cuando cerró en 70.161 millones (US$ 8,9 millones), aunque los sectores de docentes, policías y militares ya arrastraban pérdidas desde ejercicios anteriores.
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A estos sectores deficitarios se sumaron posteriormente los de los magistrados judiciales y profesores universitarios, en tanto se mantiene aún con superávit del 13% el sector de administración pública, pero cada vez con menos margen. Según los últimos datos manejados, el Tesoro Público ya inyectó más de US$ 1.300 millones para pagar los haberes a los jubilados.
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Reforma integral
El viceministro González señaló que la reunión fue fruto de “la necesidad de evaluar en conjunto, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una reforma integral que garantice la sostenibilidad de nuestra Caja Fiscal”.
Resaltó que el principal problema son las “asimetrías” entre los regímenes de jubilación. “Una de las características que se mostró acá es la fragmentación del sistema. Los derechos en términos de lo que mencionaba hace rato, edad mínima, cantidad de años de aporte, son distintos entre las distintas cajas”, explicó.
En esa línea, el diputado Olmedo expresó que “por ejemplo, en el Magisterio Nacional (docentes) hablamos de 25 años de aporte, no establece la edad mínima de retiro, y en el sector público el funcionario (debe tener) 62 años de edad”.
Por eso, los puntos que se podrían tocar en forma única o en conjunto son: La edad de jubilación, cantidad de años de aporte, beneficios que tiene cada caja puntualmente, el porcentaje de aporte de los trabajadores, según se indicó. Lo que se tiene que hacer es “trabajar en el diseño de una ley única y resolver la fragmentación en cada caso y hacer que sean sustentables” todos los sectores, añadió el legislador.
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Si se habla de déficit, la Caja de Jubilaciones Parlamentarias, con la conocida “jubilación vip” de los legisladores, no se puede ignorar. Ante la consulta al respecto, el diputado Olmedo se limitó a decir que de este caso no se está hablando, pero que se tendría que considerar también.
“No, no incluye esto”, dijo, aunque tras ser insistido sobre si no deberían ser incluidos legisladores, al igual que todos los “comunes”, respondió: “Si estamos hablando de un estudio detallado y permanecido, tenemos que abordar caja por caja, eso significaría un estudio, un análisis que tiene que ser de manera transversal para todas las cajas”.
Finalmente, en la reunión en Diputados se informó que mañana habrá un encuentro de representantes de las cajas de jubilaciones ante el Consejo de Seguridad Social.
Sin embargo, la Ley N° 7235/2023, que “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, que había sido aprobada y promulgada en tres días, continúa sin poder ser implementada.
La referida ley que crea el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se promulgó hace un año y seis meses, pero el Consejo de Seguridad Social no está conformado totalmente.
En esa situación, dicha instancia no puede reunirse para establecer la terna de candidatos para la Superintendencia, que es la instancia que realizará los controles a las diferentes cajas de jubilaciones, tanto del sector público como privado.
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Se presentará este año
Por su parte, el ministro Carlos Fernández, del MEF, habló con ABC e indicó que como ya lo había dicho anteriormente, el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal será presentado al Congreso “el 31 de diciembre de 2025 o antes”.
Afirmó que no podía adelantar los cambios a ser introducidos porque están en plena discusión, hablando con miembros de las cámaras del Congreso que van a ser los responsables de aprobar.
Señaló, sin embargo, que básicamente es insostenible pagar durante 20 años 16% para poder recibir el 100% durante los otros 20 años, en alusión al aporte que realizan los funcionarios y el monto de jubilación que reciben.
Refirió que los números están ahí y que los datos no mienten; que los principales problemas existen en la caja de militares y policías, ya que ellos generan más de la mitad del déficit y se identificó que el hecho de que se retiren más temprano es lo que hace que se genere ese saldo rojo que debe ser atacado, porque de lo contrario no se va a poder avanzar. Dejó en claro su posición al decir que los funcionarios trabajan hasta los 62 años y que no le parecía razonable que haya gente con beneficios muy especiales, en referencia a los uniformados, con lo que dejó entrever que se buscaría uniformar la edad de jubilación en el sector público.
Explicó que el énfasis en la reforma se estaría dando en los sectores que hoy están produciendo una sangría en las arcas del Estado, pero asegurando que se respetarán los derechos adquiridos.
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Estudio actuarial listo, reveló el FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su último informe de fin de junio, reveló que las autoridades paraguayas concluyeron el estudio actuarial que servirá de referencia para preparar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. El organismo insiste en que la situación financiera del sistema público de jubilaciones y pensiones y los fondos de salud del IPS, junto con otros pasivos contingentes, plantean riesgos fiscales a mediano y largo plazo. Para mitigarlos, “abordar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los empleados públicos es esencial”, sostiene.