Los niveles de exportación de Brasil en 2024 (11,8 mil millones de dólares en acero, 1,18 mil millones en aluminio, cientos de millones en cobre, y miles de millones en plásticos) y el consumo interno reflejan el impacto potencial de los aranceles que plantea el gobierno de Estados Unidos al Brasil y que tendría repercusión en los demás países de la región, incluido Paraguay.
Los análisis de expertos señalan que esto plantea desafíos económicos, sociales y de seguridad que requieren acción coordinada. El contrabando de cobre, aluminio y plásticos, así como el acero podría seguir un patrón similar, que genera preocupación para las industrias sustentables de Paraguay.
“Observamos con preocupación las recientes medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos a los metales. Aunque estas afectan globalmente, tendrán un impacto especial en Brasil, cuya industria buscará abastecerse de manera más agresiva para sostener su mercado interno”, señala Carlos Mangabeira, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY).
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Aseguró que esta situación genera una presión directa sobre Paraguay, ante el incremento de la demanda de materias primas como aluminio, cobre y otros metales no ferrosos.
Alertan sobre contrabando masivo de cobres y otros metales
“Crece también el riesgo del contrabando desde nuestro país hacia Brasil, especialmente a través de las zonas más permeables de nuestra frontera, como Pindoty Porã, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este”, especificó.
Agregó que este escenario se vincula directamente con el tráfico ilícito de desechos metálicos, una problemática que afecta tanto al ambiente como a la formalidad económica.
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“Es crucial recordar que el comercio de materiales reciclables y residuos metálicos está regulado por normas ambientales, tributarias y aduaneras, y que cualquier operación transfronteriza debe cumplir con los permisos de exportación correspondientes. Además, Paraguay es signatario del Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros residuos, incluyendo los desechos metálicos. Su cumplimiento no solo es un compromiso legal, sino también una garantía de sostenibilidad y responsabilidad internacional”, manifestó.
Finalmente, resalta que desde CISPY reafirman la importancia de reforzar la trazabilidad de los materiales reciclados y la fiscalización de su comercio, para evitar que estas distorsiones de mercado fomenten actividades ilegales que ponen en riesgo la integridad de la industria, la salud del medioambiente y la reputación del país.
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Proyecto de ley para frenar contrabando de metales
En el Congreso se analiza el proyecto de ley “Que regula el comercio de residuos de metales ferrosos y no ferrosos, y plásticos de polietileno tereftalato”, cuyo objetivo principal es establecer un marco regulatorio para las condiciones en que debe desarrollarse el comercio legal de residuos destinados al reciclaje.
Se pretende además controlar la subfacturación en la exportación de residuos, que genera una fuga de aproximadamente US$ 100 millones en impuestos, mediante la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).