Entra en vigor la nueva ley de la función pública y carrera civil

La viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas habló de los cambios que introduce la nueva Ley 7.445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, que entra en vigor hoy.

Ministerio de Economía y Finanzas.
La sede del Ministerio de Economía y Finanzas.

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, Andrea Mercedes Picaso, viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía y Finanzas, habló de la entrada en vigor hoy de la nueva Ley 7.445/2025 de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil y explicó los cambios que introduce.

La nueva ley entra a reemplazar a la anterior Ley de la Función Pública que, según señaló la viceministra, era constantemente atacada con acciones de inconstitucionalidad por instituciones del Estado a las que la Constitución Nacional otorga autonomía.

La nueva ley apunta a resolver esa situación declarando su aplicación a todas las instituciones del Estado, pero reconociendo esa autonomía constitucional y permitiendo que esas instituciones sean “autoridad de aplicación” y reglamenten la forma en que la ley se aplica entre sus muros.

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“La ley define que el ingreso a la función pública es por concurso, pero estas instituciones van a poder reglamentar el cómo”, dijo como ejemplo. “Las normas que esta ley tiene tienen que ser aplicadas por todas las instituciones, pero aquellas con autonomía constitucional hacen sus propias reglas”.

Carrera civil

Como otra innovación de la nueva ley señaló que define criterios claros para la carrera civil y su progresión, algo que Paraguay no tenía hasta ahora.

“Un servidor público que ingresaba no sabía cómo va a ser su trayectoria profesional”, subrayó.

Además, indicó que la nueva ley define un régimen del empleo público con beneficios para funcionarios contratados de manera temporal y un “programa de directivos públicos” que apunta a mejorar la eficiencia de las instituciones poniendo un “filtro de calidad para el segmento directivo”.

La viceministra enfatizó que los derechos previamente adquiridos del funcionariado público no corren riesgo debido a que “ninguna ley puede ser retroactiva en detrimento de derechos adquiridos”.

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