El informe denominado “Análisis comparado” fue entregado el último lunes a la “Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” de la Cámara de Diputados.
La cartera de Economía aborda en el informe los desafíos de los sistemas de pensiones, las reformas realizadas en la región y las perspectivas para la Caja Fiscal del sector público de nuestro país.
El MEF agrega que el estudio actuarial de la Caja Fiscal estima déficits importantes en los próximos años y alerta que desde 2028 deberá ser financiada íntegramente con recursos del Tesoro, es decir, con los impuestos que paga la ciudadanía.
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Las proyecciones de déficit arrojan los siguientes resultados: para este fin de año estiman US$ 343 millones, que en 2026 aumentaría a US$ 430 millones, en 2027 subiría a US$ 509 millones, en 2028 a US$ 683 millones, en 2029 la US$ 776 millones y que en 2030 ascendería a US$ 952 millones.
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“Esta situación se debe principalmente a beneficios heterogéneos financiados con la misma tasa de aporte”, indica el MEF sobre el 16% que hoy aportan los funcionarios activos para el fondo de jubilación.
Se aprobaron 12 leyes que perforaron la reforma
Con respecto a los beneficios heterogéneos, el informe acompaña un cuadro comparativo de los diferentes regímenes aplicados en la Caja Fiscal, que fueron aprobando en el Congreso para diversos sectores públicos.
Son 12 leyes aprobadas por el Parlamento desde 2007 a 2022, que perforaron la ley de reforma realizada en 2003 con el fin de reencauzar el sistema público hacia una sostenibilidad financiera.
Los diferentes regímenes vigentes establecen, en lo concerniente a la edad mínima para la jubilación ordinaria, lo siguiente: funcionarios administrativos, 62 años; personal de enfermería y obstetricia, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos y trabajadores con discapacidad, 55 años; magistrados judiciales 50 años.
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En cambio, los maestros, docentes universitarios, personal de la Patrulla Caminera, militares, policías, docentes de educación inclusiva y los guardaparques no requieren de una edad mínima para la jubilación.
Además, los haberes de los militares retirados, policías retirados, así como del personal de la Patrulla Caminera, están equiparados al salario de los uniformados activos. En cuanto a los años de aporte, varían desde 10, 15, 20, 24, 25 y 30 años.
La Caja Fiscal está conformada por seis sectores públicos
La Caja Fiscal está compuesta por seis sectores: empleados públicos, magistrados judiciales, docentes universitarios, militares, policías y maestros.
El sector de empleados públicos es el único que se mantiene con superávit, que al mes de julio equivale a 13%; mientras los demás arrastran déficits porque el aporte de los activos ya no alcanza para financiar íntegramente los haberes de los jubilados y pensionados.
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Según se maneja en la Comisión Especial de Diputados, hay coincidencia en avanzar en materia de ajustes estructurales, como establecer una edad mínima de jubilación, que sería 62 años; uniformar los beneficios entre los distintos sectores y aumentar la tasa de aporte de los activos.