La previsional cuenta con importantes recursos pendientes de cobro en concepto de deudas del sector público y privado de aproximadamente US$ 1.212 millones (cerca al 3% del Producto Interno Bruto), que podrían convertirse en fondos estratégicos para resolver componentes de gastos más urgentes.
En tal sentido y de acuerdo con los datos del IPS remitidos al Congreso Nacional, la cartera de morosidad por aportes obrero-patronales al 30 de junio de 2025 supera los G. 4,227 billones, alrededor de US$ 570,7 millones. Al desagregar se observa que hasta el 2019, el monto representaba el 85% del total, unos G. 486,2 millones, mientras que entre los años 2020 y 2024, se acercaba a los US$ 73,9 millones (13%) y lo que va del primer semestre de este ejercicio, alcanza aproximadamente US$ 10,5 millones o 2% del global.
Desde la entidad señalaron que como los datos revelan, el componente más importante de la deuda corresponde a una morosidad histórica, por lo que recuperar esos fondos se presenta con mayor dificultad.
No obstante, ante este escenario, enfatizaron que se vienen combinando medidas administrativas, judiciales y programas de facilidades de pagos. Además de otras acciones para reducir la morosidad patronal y mejorar la recaudación. A decir: certificación de deuda a empresas con estado de cuenta por unos G. 163.301 millones, medidas excepcionales de facilidades de pago desde 2023, ya sea para pago al contado o fraccionamiento.
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Otras medidas contemplan la reducción de la evasión mediante la fiscalización, capacitación sobre el seguro social obligatorio, actualización del sistema de multas con el incremento del valor de cada día-multa al 25% del jornal diario legal vigente, así como la multa agravada por omisión de aportes equivalente al doble del importe no ingresado.
En cuanto a la deuda que el Estado mantiene con el IPS y que se origina por el pago trimestral del 1,5% sobre los salarios imponibles declarados por los empleadores, la misma asciende a unos G. 4,745 billones, unos US$ 641,3 millones, de acuerdo con los datos proporcionados por la entidad.
Conforme a la respuesta del Instituto, la deuda es informada de manera periódica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se ha evaluado la situación con el propósito de impulsar la conformación de mesas de trabajo con la cartera económica. Además, se consultó sobre la existencia de otra deuda de US$ 80 millones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por la atención de pacientes no asegurados durante la pandemia. Sobre este punto, desde el IPS precisaron que el Consejo de Administración declaró que los gastos relacionados a servicios prestados por el Ministerio a los asegurados del IPS no constituyen obligaciones exigibles al IPS, debido a que la entidad también ha incurrido en gastos para la atención a pacientes no asegurados durante la crisis sanitaria. Sin embargo, mencionaron que se encuentra instalada una mesa técnica desde el año 2023, que trabaja en el análisis de la compensación de los gastos realizados por ambas entidades.
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Como se ha expuesto por las declaraciones oficiales del IPS, la institución cuenta con un potencial considerable de recursos, pero que no forman parte siquiera de su disponibilidad, considerando los mínimos avances que se han registrado en los últimos años, sobre todo con el Estado.
Por tanto, sigue siendo urgente una reforma del sistema para evitar una profundización del complicado escenario financiero que ya se viene reportando y que, de no revertirse, compromete seriamente los fondos jubilatorios de miles de personas en el país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.