El proyecto de presupuesto 2026 puesto a consideración del Congreso el lunes 25 de agosto último para su estudio y aprobación, incluye los recursos para el pago de amortización, intereses y comisiones de la deuda pública.
Los fondos están previstos en el presupuesto asignado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se encarga de cumplir los compromisos del país con los acreedores locales e internacionales.
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El MEF, según los números contemplados en el proyecto de PGN 2026, destinará más recursos genuinos para estar al día con los intereses de la deuda contraída a través de la emisión de bonos y préstamos de organismos financieros.
Más recursos para cumplir con acreedores
En el plan de gasto se asigna más de G. 8,6 billones (US$ 1.096 millones) para el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa.
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El monto representa un aumento de G. 620.628 millones (US$ 78,7 millones), que equivale al 7,7% en comparación que lo establecido para el presente ejercicio 2025.
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Los intereses de la deuda pública se pagan con recursos provenientes de los impuestos abonados por la ciudadanía, atendiendo que la ley de administración financiera prohíbe que el gasto corriente sea financiado con deuda.
El mayor monto se asigna para los intereses de la deuda externa, principalmente por la colocación de bonos soberanos.
Emisión de bonos por US$ 1.303 millones
El proyecto de presupuesto 2026 prevé, igualmente, la emisión de bonos del Tesoro por un monto total de hasta US$ 1.303 millones, para financiar inversiones, pagar deudas vencidas o realizar canjes para reestructurar los plazos.
De este total, US$ 661,6 millones se emitirán a través de la ley de presupuesto y US$ 641,5 millones mediante la ley de administración de pasivos o de “bicicleteo” de deudas.
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El 49% de la referida emisión total de bonos, que implica unos US$ 638,4 millones, se asigna al Ministerio de Economía para el pago de la deuda pública del gobierno central.
Además, el 29% de la emisión se destinará al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la ejecución de las obras de infraestructura; 13% para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS); 6% para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH); y 3% irán a otras entidades.