El proyecto de Ley que crea el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía, presentado por el Poder Ejecutivo, desató fuertes críticas debido a las amplias facultades que concede al nuevo “superministerio” para contratar generación eléctrica a través de mecanismos como las Alianzas Público Privadas (APP) y la Ley de Promoción de Inversiones en Infraestructura.
El exparlasuriano Ricardo Canese advirtió que esta propuesta abre la puerta a la privatización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en un contexto en el que la empresa estatal ya se encuentra desfinanciada por decisiones oficiales.
“Peña vacía la ANDE, el sistema eléctrico nacional; no es que simplemente lo digamos, son los hechos”, cuestionó.
Añadió que el vaciamiento de la ANDE se da por dos medidas principales. En primer lugar, la fijación de una tarifa de Itaipú de 19,28 dólares por kW/mes, “superior al costo del servicio de Itaipú sin deuda (que es de sólo 8,87 US$/kW-mes), como exige el tratado vigente”.
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Esto, explicó, significa para la estatal “un sobrecosto, o vaciamiento de la ANDE, de más de 300 millones de dólares al año”, cifra que crecerá con el aumento de la demanda eléctrica.
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Vaciamiento a la ANDE
En segundo lugar, apuntó al régimen tarifario para criptomineras y actividades electrointensivas. Canese señaló que la ANDE fijó precios por debajo de lo establecido en su propia carta orgánica y en el decreto vigente.
“Estas actividades generan 700 veces (70.000%) menos empleo que el común de las demás industrias y actividades productivas”, subrayó, citando datos de la propia ANDE y del IPS.
Según su denuncia, el perjuicio por esta política ya superaba los 200 millones de dólares en 2024, y sería mayor actualmente, con 1.000 MW contratados.
De esta manera, sostuvo que “con estas dos decisiones –la ilegal tarifa de Itaipú superior al costo que aplica a ANDE y la ilegal tarifa para beneficiar a criptomineras y similares– Peña está vaciando a la ANDE en más de (300 + 200 =) 500 millones de dólares/año”.
A consecuencia de ese desfinanciamiento, la ANDE no cuenta con recursos para ampliar la generación eléctrica. En opinión de Canese, se trata de una estrategia deliberada: primero debilitar la empresa y para luego presentar como “solución” la privatización bajo esquemas más caros para los usuarios.
Para Canese, el Congreso debería actuar con firmeza: primero obligando a Peña a cumplir el Tratado de Itaipú; segundo, obligando a que cumpla con la propia ley orgánica y tercero, obligarle al Ejecutivo a exportar nuestra energía a precios de mercado.
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Cuestionan privilegios en ley
Respecto al proyecto de ley, Canese alertó que este “no sólo le faculta a establecer privilegios (art. 7°, inc. d), sino que, además, le otorga facultades para implementar (…) todo tipo de fuentes de generación energética (…) (art. 7°, inc. f)”, habilitando contratos que podrían derivar en “altas tarifas para el usuario y/o elevados subsidios a ser pagados por el contribuyente”.