Luego de casi dos meses de haberse firmado, finalmente apareció esta semana la séptima adenda que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, concedió a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.
El documento, fechado el 29 de julio, tiene la firma del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, representante de la compañía extranjera, y de William Wilka, gerente general de Petropar, quien actuó de encargado de despacho ante la ausencia de Jara. Sin embargo, recién el lunes último se publicó en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La adenda 7 es la que extendió el contrato hasta el 31 de agosto, pero la empresa volvió a incumplir. Aun así, la petrolera estatal le otorgó otra ampliación, mediante una octava adenda, hasta el 30 de septiembre. En esa fecha se cumplirá un año de la firma del polémico contrato, reiteradamente incumplido por Doha, que goza de una llamativa indulgencia por parte de la estatal.
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Precisamente, Doha no ha podido entregar durante todo este tiempo las 100.000 toneladas métricas de gasoil prometidas, por un valor superior a US$ 61 millones. En tanto que las autoridades de Petropar se mantienen sin explicar a la opinión pública por qué no rescinde el contrato, tal como se prevé en las normativas ante los incumplimientos de las proveedoras del Estado.
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La estrategia: Sucesivas adendas y hermetismo
Todo indica que la estrategia de Petropar seguirá siendo la de ampliar plazos en medio de un gran hermetismo.
La sexta prórroga se había firmado en junio, se publicó a finales de julio y ya venció el 30 de julio. Desde entonces, la empresa estatal se ha llamado a silencio.
Recién esta semana se dio a conocer el documento de la séptima prórroga y ayer, martes 9, desde la Dirección de Comunicaciones, encabezada por Norma Caballero, confirmaron la octava extensión, hasta el 30 de septiembre. Prometieron a ABC una entrevista con algún gerente de la estatal, pero eso no se ha concretado.
Este diario lleva más de un mes intentando acceder a información pública, pero el presidente de Petropar y sus principales gerentes evaden las consultas. La propia Caballero prometió en reiteradas ocasiones entrevistas que jamás se realizaron.
Jara al parecer olvidó sus palabras
El titular de Petropar había declarado en junio a la prensa que Doha debía “hacer las cosas diferentes” para obtener otra prórroga. La firma catarí incurrió en los mismos incumplimientos que viene mostrando hace casi un año pero al parecer, Jara olvidó sus palabras.
Jara incluso llegó a reconocer públicamente la inexperiencia de Doha Holding, pero a toda costa evita terminar el acuerdo y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del monto total (unos US$ 3,05 millones). Esa garantía fue presentada únicamente como declaración jurada, sin respaldo de póliza de seguro ni garantía bancaria.
Con la adenda 7, incluso se amplió el plazo de esta caución hasta el 30 de noviembre de este año.
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Dirigentes del fútbol detrás del contrato
Otro hecho llamativo son los nombres que giran en torno al contrato. La empresa extranjera fijó como sede local la dirección del Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, donde tampoco dieron a ABC ninguna información sobre dónde está el combustible. El estudio pertenece a Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia y representante de Doha Holding.
Según documentos a los que accedió este medio, fue el propio Julio Jiménez quien autorizó, en nombre de Doha Holding, la firma de las adendas.
Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. A su vez, el hijo del dirigente deportivo, Alejandro Domínguez Pérez, figura como representante de Doha Holding en el portal de la DNCP.
Cabe recordar que Petropar aceleró la adjudicación a esta desconocida empresa, creada en diciembre de 2023, aparentemente solo para esta transacción con la petrolera estatal a precio “milagroso”. Además, resulta sospechoso que no se haya evaluado la capacidad financiera de la firma antes de adjudicarle un contrato tan significativo.
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DNCP sigue sin investigar
A esta situación se suma la inacción de la DNCP, encabezada por Agustín Encina, que no abrió ninguna investigación de oficio, pese a que las reiteradas prórrogas al parecer violan la ley 7021 de Contrataciones Públicas. Su artículo 67 establece taxativamente que los contratos solo pueden modificarse hasta un 20% del monto o plazo, y únicamente por causas imprevistas que no generen ventajas para el proveedor.
En este caso, Petropar, que debía recibir el producto en un lapso de un mes (entre octubre y noviembre de 2024), ya multiplicó por 10 el plazo original.
La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Camilo Benítez, tampoco avanzó en la revisión documental que había iniciado y que debía derivar en una auditoría.