Cada país es clasificado en función de un puntaje compuesto derivado de seis categorías de políticas, marcos legales y controles regulatorios que determinan su capacidad para defender su economía frente al comercio ilícito. El puntaje general se mide en una escala de 0 a 100, calculado como el promedio de las categorías, donde un puntaje más alto indica un mejor desempeño del país. Los países se ordenan desde el de mejor desempeño (mayor puntaje) hasta el de peor desempeño (menor puntaje). Este enfoque estandarizado permite comparar a los países tanto por su puntaje total como por cada categoría específica (www.tracit.org).
De acuerdo con el reciente informe de TRACIT y publicado por Bloomberg, el comercio ilícito en Latinoamérica se ha convertido en una fuente central de ingresos para el crimen organizado, lo que provoca pérdidas fiscales millonarias, afecta a la salud pública y debilita a sectores como el farmacéutico, textil y agrícola. Además, advierte que “el crimen organizado canaliza esas ganancias hacia otras actividades ilegales, y frecuentemente violentas, que amenazan la seguridad pública”.
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Desde la Alianza enfatizan que este tipo de comercio pone en riesgo a los consumidores al inundar los mercados con productos inseguros y no regulados. Además, perjudica a empresas legítimas que se ven afectadas por redes criminales que en muchos casos dependen del trabajo forzado o infantil, resalta la organización.
En el reporte se explica que el comercio ilícito en Latinoamérica se ha consolidado como una fuente clave de financiamiento para el crimen organizado, con fuerte presencia en los mercados de tabaco, alcohol y productos falsificados.
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América Latina y el Caribe registra un puntaje de 47,4 en el Índice de Comercio Ilícito, lo que evidencia los importantes desafíos que enfrenta la región, especialmente si se compara con los 73,3 puntos de Norteamérica, los 61 de Europa y los 50,9 del Asia Pacífico.
Si bien la región muestra resultados relativamente mejores en comercio, aduanas y fronteras (56,9) y en tributación y entorno económico (58,2), persisten debilidades en el marco regulatorio y su aplicación (51,1) así como en los facilitadores criminales del comercio ilícito (51,4). Los mayores rezagos se observan en los intermediarios de la cadena de suministro (24,2) y en los indicadores sectoriales (42,9), lo que refleja vulnerabilidades que favorecen la expansión de los mercados ilícitos.
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En la siguiente edición se aborda la posición de Paraguay con respecto a las demás economías de la región, así como los principales desafíos para el país.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.