Hoy 30 de setiembre se cumplió un año desde que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, firmó contrato con la empresa catarí Doha Holding Group LLC, adjudicada para la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoil por US$ 61 millones, pero que aún no cumplió con la entrega.
Recién la semana pasada, tras una larga espera, el presidente de Petropar señaló ante la Comisión Bicameral del Congreso que “ya se terminó la paciencia” con la compañía foránea, ligada a Alejandro Domínguez Pérez. Jara afirmaba que no dará más prórrogas luego de los reiterados incumplimientos y prometió rescindir el contrato si la empresa no cumple con la octava adenda, cuyo plazo caduca el 31 de octubre.
Si cumple su palabra, en el caso en que Doha Holding no entregue el producto antes de esa fecha, Petropar deberá poner fin al trato y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, que hasta ahora viene evitando reclamar, pese a los continuos retrasos.
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Una dudosa declaración jurada como garantía
La empresa presentó solo una declaración jurada como garantía de fiel cumplimiento del contrato, acompañada de un supuesto aval del banco Qatar International Islamic Bank (QIIB), con el que “certificó” su solvencia económica. El documento fue emitido a nombre del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y lleva también la firma de un desconocido empresario, aparentemente catarí.
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Sin embargo, el documento presenta varias incongruencias. Por ejemplo, la declaración jurada tiene fecha del 24 de setiembre de 2024, es decir, antes de la apertura de ofertas (26 de setiembre) y de la firma del contrato de compra urgente de gasoil (30 de setiembre).
De acuerdo con el propio contrato, la empresa debía presentar la garantía dentro de los diez días posteriores a la firma, pero el “aval” bancario adjunto está fechado el 27 de octubre de 2024, casi un mes después del contrato.
En concreto, Petropar debería reclamar los US$ 3.050.000 que cubre la garantía (5% del monto total del contrato), en caso de que la empresa no cumpla con la provisión.
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Resulta, además, llamativo que para esta compra urgente, de oportunidad, la estatal permita que los oferentes presenten una declaración jurada con una constancia bancaria en lugar de una garantía bancaria real o una póliza de seguros, como normalmente se exige en operaciones millonarias.
La figura de un jeque árabe y vínculos con dirigentes deportivos
El nombre de Khalifa Hamad Al-Thani apareció recién en la garantía y en el contrato publicado, casi dos meses después de la adjudicación, como representante legal de Doha Holding Group LLC. En el portal de Contrataciones Públicas solo figuraban inicialmente Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.
Tras la firma con Petropar —sin estar inscripto previamente, como observó la DNCP en su momento—, Al-Thani fue incorporado en el sistema de la institución como representante de la empresa.
Asimismo, la sede local de Doha Holding fue fijada en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del vicepresidente de Olimpia, Julio Jiménez, quien además es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez, cuyo hijo figuró desde un principio como representante de la compañía foránea.
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Documentos a los que accedió este medio indican que el propio Jiménez firmó algunas de las adendas en representación de la empresa.
El “precio milagroso” y las ventajas a la firma adjudicada
Pese a las dudas, Petropar ya concedió ocho prórrogas a la compañía a través de adendas. Según el contrato, la primera entrega de 25.000 toneladas debía concretarse entre el 23 y 25 de octubre de 2024 en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú, Argentina (modalidad CIF).
Las siguientes partidas debían llegar entre fines de octubre y mediados de noviembre del año pasado. Todas estaban divididas en 25.000 toneladas cada una, pero ninguna se cumplió.
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Mientras tanto, los demás competidores, descalificados, presentaron sus propuestas ajustadas al supuesto “apuro” de Petropar. La estatal, sin embargo, fue otorgando prórrogas que beneficiaron a la firma catarí, que ofreció un “precio milagroso” de US$ 610 por tonelada, cifra que, según fuentes del sector, ni Brasil logra conseguir con compras a gran escala.
Asimismo, resulta sospechoso que Petropar ni siquiera haya evaluado la capacidad financiera de la compañía, como exige la ley a la hora de adjudicar.
Recordemos que la contratación se realizó mediante un procedimiento especial, con publicación posterior de los documentos, con el argumento de acceder a un gasoil más barato. Sin embargo, la estatal incumplió la normativa al no publicar el pliego de bases y condiciones y recién difundir la convocatoria meses después de la adjudicación.
Este mecanismo no habilita a evadir la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, pero en la práctica eso habría ocurrido. Las sucesivas prórrogas también podrían violar la normativa, cuyo artículo 67 limita las modificaciones contractuales al 20% del monto o plazo y solo por causas imprevistas que no favorezcan al proveedor.