La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, confirmó que el Gobierno ya reconoció una deuda superior a G. 500.000 millones con empresas constructoras y aseguró que el compromiso es saldarla en las próximas semanas.
En entrevista con la prensa, la titular del MOPC explicó que el monto corresponde a certificados ya verificados y validados por la institución, por lo que solo resta la habilitación del plan de caja por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para se inicien los desembolsos.
“Ayer cerramos con una imputación de más de 500.000 millones de guaraníes en certificados que ya están reconocidos por el MOPC, listos para ser pagados. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que nos habilite el plan de caja y podamos honrar estos certificados en las próximas semanas”, agregó Centurión, en enrevista con este diario durante la presentación del XXIII Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto (CILA), que se desarrollará en Asunción del 17 al 21 de noviembre de 2025.
La ministra agregó que las obras en ejecución no se detienen pese a los retrasos, y garantizó que el Gobierno está “comprometidísimo” en cumplir con las obligaciones asumidas con el sector de la construcción.
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Reclamo de las constructoras
El anuncio se da en medio de reiterados reclamos de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), que viene advirtiendo sobre el impacto negativo de los atrasos en los pagos.
El presidente del gremio, José Luis Heisecke, señaló recientemente que la situación financiera de las empresas es crítica porque los certificados pendientes afectan la cadena de pagos y ponen en riesgo miles de empleos.
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“Hoy estamos en una situación bastante complicada, muy atrasados con los pagos, hecho que afecta a la economía del país. Ocupamos a unas 240.000 personas y lo que no queremos es que se corte la cadena de pagos, porque eso sería muy grave”, advirtió.
Si bien valoró la apertura al diálogo del MOPC y del Ministerio de Economía, dijo que la deuda reconocida oficialmente —unos US$ 100 millones— podría ser aún mayor si se tienen en cuenta los intereses que generan los atrasos contractuales.
“Cada demora obliga a las empresas a recurrir a préstamos, y eso genera un costo adicional que también debe ser asumido”, puntualizó el titular de Capaco.