El nuevo organismo, que tendrá a su cargo el control de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones del sector público, así como del privado. Casi dos años después de la promulgación de la Ley N .° 7235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”, aún no tiene una estructura orgánica y tampoco presupuesto propio.
La referida ley, en su artículo 41, establece que es la Superintendencia de Jubilaciones la que, hasta un plazo máximo de 24 meses de la publicación de la norma, diseñará e implementará su estructura orgánica funcional, estableciendo su plan estratégico institucional, capacitando a sus recursos humanos y disponiendo cuando pudiera ser necesario para el cumplimiento de sus fines.
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Ante la falta de designación del superintendente, la institución no cuenta con estructura orgánica ni presupuesto para que sea incluido como tal dentro del proyecto presentado del Congreso.
Ley se promulgó en diciembre de 2023
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley el 12 de diciembre de 2023, el 13 de diciembre la Cámara de Diputados lo sancionó y al día siguiente, el 14 de diciembre, el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC) promulgó la nueva normativa.
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A pesar del tiempo récord en que fue aprobada la ley y a más de un año y nueve meses de su promulgación, la nueva entidad no opera aún porque el Consejo de Seguridad Social debe elevar a consideración del presidente de la República la terna de candidatos para la superintendencia.
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El Consejo de Seguridad Social, por su parte, el julio último logró completar su integración con los seis miembros que establece la ley, para ello el Ejecutivo recurrió a nombramientos provisionales en el sector de jubilados y trabajadores, a la espera de las elecciones que deberán realizarse.
El consejo está integrado por tres representantes del gobierno: el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; la ministra del Trabajo, Mónica Recalde.
Además, en representación de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Enrique Vidal Lovera; por el sector trabajador, Jorge Sebastián López Luraghi; y por el sector de jubilados, Rodi Hernán Ozuna Paredes, éstos dos últimos con carácter provisional.
Mismo artículo que ya fue rechazado
La salida que el año pasado encontró el Ejecutivo fue incluir una previsión de G. 2.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para transferirlos a la superintendencia en caso de que empiece a funcionar en el presente ejercicio.
Además, un artículo que autorizaba, en forma excepcional, la creación de cargos por decreto, sin necesidad de presentar un proyecto de ley al Congreso como lo manda la Ley 1.535 de Administración Financiera del Estado, una propuesta que finalmente fue eliminada por el Legislativo.
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Esta misma disposición es la que el Ejecutivo incluyó nuevamente en el proyecto de ley de presupuesto 2026 - aunque el monto no se dio a conocer - que actualmente está en estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
La comisión bicameral se realizará mañana su penúltima sesión informativa y recibirá a los rectores de las 10 universidades públicas, quienes expondrán sus respectivos proyectos de presupuesto para el ejercicio 2026.
La última sesión informativa está fijada para el próximo lunes 6 y, salvo que los legisladores decidan extender esta etapa, la comisión se abocará a preparar el dictamen sobre el proyecto de PGN 2026 desde el 9 de este mes , para el día 30, prevén elevarlo a consideración de las cámaras.