La licitación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para impresión de libros, impugnada y suspendida temporalmente, seguirá su curso tras el rechazo de Contrataciones Públicas a la protesta presentada por la empresa Mercurio SA contra las adjudicaciones a las ofertas más caras. Estas significarán para el Estado -los contribuyentes- el pago de US$ 1 millón más en total, debido a la aplicación de insólitos criterios en la evaluación.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dio su respaldo al MEC, dirigido por el ministro Luis Ramírez, a través del dictamen N° 10.495, fechado el pasado viernes 3 y firmado por el Abog. Juan Ramón Fariñas, juez instructor, en el que utiliza los mismos argumentos que esgrimió la cartera de Educación. Eso, tratando de justificar la actuación del ministerio, que en lugar de calificar capacidad técnica, financiera, experiencia de los oferentes y precios más bajos, dio más peso en su evaluación a aspectos como la “sostenibilidad social”, “responsabilidad social”, “cultura organizacional”, “ponderación social”, y culpando a los oferentes por no haber protestado contra pliego.
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El llamado de referencia, con ID 463098, recibió cuestionamientos desde mucho antes de la recepción de ofertas, en la etapa de consultas. Aún así, la DNCP, dirigida por Agustin Encina, no investigó la cuestión de fondo objetada (que el MEC esté calificando donaciones y voluntariados en lugar de precios bajos y criterios técnicos), sino que se limitó a alegar que si los oferentes tenían críticas contra el pliego, debieron haber presentado protesta antes de la apertura de sobres.
“Del escrito de protesta se observa que el agravio de la recurrente se enfoca sobre la aplicación de la metodología de evaluación en base a la multiplicidad de criterios, donde a pesar de presentar la menor oferta no fue adjudicada como resultado de la aplicación de este criterio (...). El agravio expresado por la protestante se constituye en esencia en una impugnación contra las bases concursales de la contratación”, señaló el juez instructor.
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Al respecto, subrayó que la normativa establece que los oferentes pueden interponer protesta en caso de considerar que exista irrazonabilidad o desproporcionalidad de criterios del PBC contrarias a sus pretensiones y a las normativas, hasta el tercer día hábil previo a la apertura de oferta, “plazo que precluyó el 6/08/2025”.
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Y concluyó: “Dado que la recurrente omitió ejercer su derecho en la oportunidad legalmente prevista, corresponde hacer prevalecer el principio de regularidad del acto administrativo al no constatarse irregularidades en cuanto a las actuaciones de la convocante”.
De este modo, la DNCP avaló la descalificación de las ofertas más económicas para el Estado, que en varios lotes, además de los criterios insólitos, también se dieron por cuestiones de forma.
Los miembros del Comité Evaluador del llamado cuestionado fueron los funcionarios del MEC: Nélida Amarilla, de Bienestar Estudiantil; Pedro Villalba Rodríguez, de Administración y Finanzas; Víctor Ramón López Amarilla, de Desarrollo Educativo.